Por Kike Cabrales, senador de la República.
El reciente anuncio del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre la actualización de la
resolución de exportación de ganado en pie y carne bovina, ha desatado nuevamente un debate sobre su impacto en el sector ganadero. La postura del Gerente General del ICA, Juan Fernando Roa, apunta a la apertura de nuevos mercados de comercio de carne, pero las preocupaciones legítimas sobre la posible sustitución de la venta de ganado en pie, han generado inquietudes en la comunidad ganadera.
Es innegable que las cifras económicas asociadas a la exportación de ganado en pie y carne
bovina son impresionantes. De enero a noviembre de 2022, las exportaciones alcanzaron la cifra
de US$294,6 millones en divisas, representando un asombroso crecimiento del 119,7% en
comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos números han contribuido al desarrollo
económico del país, generando ingresos y oportunidades para el sector.
Además, la resolución insiste en que no busca prohibir la exportación, ni establecer límites de
peso para los animales. Sin embargo, las preocupaciones surgidas durante la consulta pública
indican lo contrario. La pregunta clave es: ¿quién se beneficiará realmente de esta resolución?
El discurso oficial asegura que mejorará la competitividad para acceder a nuevos mercados
especializados. Sin embargo, ¿a qué costo?.
Colombia ya ostenta estándares de calidad destacados en la producción de carne, generando
más de 150,000 empleos anuales. La apertura del mercado chino, que se proyecta como un hito
importante, contrasta con la resolución presentada ante la Organización Mundial de Comercio
(OMC), la cual, según algunos informes, podría dificultar logísticamente las exportaciones de
ganado en pie.
No ha pasado mucho tiempo desde que el Congreso negó las pretensiones del gobierno durante
la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual subraya la importancia de mantener un
enfoque democrático en la toma de decisiones. Es inaceptable que, después de haber sido
derrotado en ese ámbito, el gobierno intente retomar un tema ya superado, e imponerlo a la
fuerza a través de una resolución.
Ante la posibilidad de que el gobierno persista en atacar al sector ganadero de esta manera,
nos veremos en la obligación de presentar un proyecto de ley que sustraiga esas facultades al
ICA y así evitar que se siga atropellando a las personas, de tal manera que una ley por
superioridad jerárquica no podrá ser vencida por una simple resolución de esta entidad. Es
fundamental establecer salvaguardias legales que protejan los intereses del sector ganadero y
garanticen una toma de decisiones justa y equitativa.
La resolución propuesta por el ICA deja más preguntas que respuestas. Es hora de exigir una
discusión más profunda y transparente sobre el rumbo que tomará el sector ganadero, y con él,
las más de 320 mil familias que subsisten del mismo.
Nos comprometemos a estar plenamente dispuestos a la participación ciudadana y a las mesas
técnicas- alejadas de cualquier sesgo ideológico- con el firme propósito de evitar consecuencias
adversas en un sector vital para el país.
