Samuel Pérez Herrera, vigilante con 12 años de servicio en la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encadenó el día de ayer 9 de diciembre en las oficinas de la empresa SOS en Cartagena, denunciando haber sido despedido de manera injustificada, señalando que su desvinculación está basada en acusaciones falsas relacionadas con unas fotografías publicadas en su estado de WhatsApp. Según el vigilante, las imágenes mostraban a sus hijos manipulando armas durante un curso en una academia privada, pero la empresa argumentó que se trataban de armas pertenecientes a la dotación de la UNP bajo su cargo. «Dijeron que eran armas de la UNP, algo totalmente falso. Presenté pruebas de que eran de una academia privada, pero nadie quiere asumir la responsabilidad», explicó Pérez. El caso ha generado controversia, ya que Pérez asegura contar con fuero sindical, lo que impediría un despido sin autorización judicial, sin embargo, afirma que la empresa SOS lo mantiene sin asignación laboral y con un salario básico mientras su caso permanece en el limbo. “Esto no es solo conmigo; muchos compañeros han pasado por lo mismo. Algunos han tenido que librar largas batallas legales para ser reintegrados, pero las injusticias continúan”, comentó el vigilante, quien también denunció persecuciones laborales en la UNP durante los últimos cuatro años. En su protesta, Pérez exigió una respuesta clara por parte del director de la UNP,  y asegura que su objetivo, es ser reintegrado a su trabajo y garantizar el respeto a los derechos laborales. “La huelga la mantendré hasta que definan mi situación. No estoy pidiendo nada fuera de la ley, solo que se respeten mis derechos como trabajador”, concluyó Samuel Pérez.

La Alcaldía de Cartagena, por medio del Departamento Administrativo de Valorización liquidó de forma unilateral del contrato de concesión encargada del mantenimiento y operación del Corredor de Carga. Esta decisión fue tomada tras agotarse el plazo de 30 días para realizar la liquidación del contrato para que el Distrito adelante las obras en la malla vial que requiere esta vía que conecta con la zona industrial de Cartagena. «La recuperación del Corredor de Carga está ligada directamente con la recuperación de la movilidad. Con esta intervención se mitigará la accidentalidad y la reducción de los tiempos de origen y destino de las personas que utilizan esta importante carretera», aseguró Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. Que también agregó que la el estado de esta vía afecta la competitividad de la ciudad en materia de industrial y portuaria.Ante esto, la Secretaría de Infraestructura comenzó el proceso de licitación para que los trabajos de intervención de esta vía sean adjudicados por valor de $22.385 millones, cuyo contratista tendrá hasta el 31 de diciembre 2024 para tener culminada la relación del corredor. Por otra parte, la Alcaldía de Cartagena apunta que tras la liquidación de este contrato, la concesión vial deberá pagar un total de $175.580 millones al Distrito dentro de los próximos seis meses, una vez lista la suscripción del acta de liquidación.