Contecar y Sociedad Portuaria de Cartagena destacan entre las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica

Contecar y la Sociedad Portuaria de Cartagena, ambas parte del Grupo Puerto de Cartagena, han sido destacadas como dos de las principales empresas para trabajar en Latinoamérica.

La lista Best Workplaces in Latin America™ 2024 elaborada por Great Place To Work®, autoridad global en cultura laboral, publicó los resultados.

Reacciones

Karina Kure, directora de Gestión Humana del Grupo Puerto de Cartagena, expresó su orgullo por este logro.

Kure expresó que: “Sentimos satisfacción porque hemos construido una cultura basada en la felicidad y la sostenibilidad ambiental, social y económica».

En el presente año, 125 organizaciones de la región fueron seleccionadas para formar parte de esta prestigiosa lista, basada en encuestas confidenciales realizadas a casi 2,2 millones de empleados en toda Latinoamérica.

En este sentido, los resultados reflejan la experiencia laboral de más de 3,8 millones de trabajadores, evaluando aspectos como la confianza, la innovación, los valores empresariales y la inclusión.

El reconocimiento de Great Place To Work® se otorga a las empresas que han demostrado un compromiso sobresaliente en crear lugares de trabajo excepcionales para todos sus colaboradores.

Michael C. Bush, director ejecutivo mundial de Great Place To Work®, felicitó a las empresas reconocidas, afirmando que “estas organizaciones han enfrentado con éxito algunos de los desafíos más complejos, creando entornos laborales que inspiran y motivan a su gente”.

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Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria

El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.

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¿Mercado de Bazurto 2.0? La Castella y su invasión de comerciantes informales

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Gobernación y la comunidad pavimentarán nuevas calles en Cartagena

¡Adiós al barro! El Educador y Torices tendrán calle nueva tras ganar el concurso de la Gobernación La Gobernación de Bolívar y la emisora popular de La Cariñosa lanzaron el concurso «COMPI Navideño más Bolivarense», en donde varios barrios de Cartagena participaron  que buscan impulsar el desarrollo local de la ciudad a través de llamativas decoraciones por parte de sus habitantes.  Tras ello, fueron El Educador y Torices las calles «más navideñas» y las afortunadas de poder tener la pavimentación de la calle prioritaria elegida por los propios vecinos. “Nos entusiasma que las comunidades participen activamente. Esto fortalece el sentido de pertenencia hacia el departamento. Pronto estaremos firmando los convenios en los barrios”, expresó el mandatario. Serán las calles 2 de noviembre y Buenos Aires las que recibirán la pavimentación de 180 metros lineales, zona que estuvo sin cuidado por más de 30 años. Por su parte, el sector Loma del Diamante. “Gracias, Gobernador. Llevamos más de 50 años esperando esta obra y hoy sentimos que será una realidad. La comunidad está profundamente agradecida”, afirmó una líder de la Junta de Acción Comunal de Loma del Diamante. Con estas intervenciones, la Gobernación de Bolívar refuerza su compromiso de mejorar la calidad de vida de los cartageneros, promoviendo la participación ciudadana y soluciones que impactan de manera directa a los sectores históricamente olvidados.

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Abogado udeceísta es el nuevo representante de los jóvenes de Cartagena a nivel nacional.

El pasado lunes 9 de septiembre se realizó en Bogotá la posesión del Consejo Nacional de Juventudes para el periodo 2024 – 2025, un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y en el que se designó a Sebastián Hernández Arroyo como representante por parte de #Cartagena. Hernández es abogado de profesión, graduado de la Universidad de Cartagena. Además, es delegado por el Consejo de la Localidad Industrial y de la Bahía y por el Consejo Distrital de Juventudes de Cartagena. Con este nuevo cargo, el egresado de la UdeC deberá propender por ser un interlocutor entre el Gobierno Nacional, en búsqueda de mejores oportunidades para las jovenes del país. Luego del acto solemne, los delegados realizaron su primera sesión ordinaria y tuvieron una sesión conjunta con la Cámara de Representantes, donde hicieron aportes para los proyectos de ley que avanzan en esa instancia y que involucran a las juventudes.

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¡Qué lindo! Avistamiento de flamencos rosados en la Ciénaga de la Virgen es el nuevo plan en Cartagena

En un esfuerzo por fomentar el turismo responsable, Cartagena ha sido reconocida por la Organización Mundial del Turismo (OMPT) como uno de los mejores destinos a nivel global. Este reconocimiento se debe a la implementación de iniciativas que buscan preservar el entorno natural y beneficiar a las comunidades locales. Uno de los proyectos destacados es el avistamiento de mapaches en la isla de Barú, una actividad que se está consolidando rápidamente gracias a la creciente popularidad del turismo de naturaleza. Esta experiencia única no solo permite a los visitantes conectarse con la biodiversidad de la región, sino que también genera ingresos para los habitantes locales, quienes han comenzado a ofrecer paquetes turísticos centrados en esta actividad. Además, la Ciénaga de La Virgen ha visto la llegada de cientos de flamencos rosados (Phoenicopterus ruber), que visitan temporalmente el área en busca de un ambiente propicio. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) está llevando a cabo una campaña para proteger a estas aves migratorias y concienciar sobre su importancia en el ecosistema local. El avistamiento de aves en la región ha revelado más de 45 especies, enriqueciendo el paisaje con su diversidad. Estos esfuerzos reflejan el compromiso de Cartagena por ofrecer un turismo sostenible que respete y conserve sus recursos naturales, al tiempo que beneficia a sus comunidades. Cardique invita a todos los visitantes a disfrutar de estas experiencias auténticas que no solo enriquecen el viaje, sino que también apoyan la conservación del patrimonio natural de Cartagena. Con estas iniciativas, la ciudad se posiciona como un modelo de turismo responsable, impulsando un futuro donde el bienestar del entorno y la comunidad sean prioritarios.

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4 países propusieron en la COP16 regular la cadena de oro en países como Colombia

Organizaciones de Colombia, Estados Unidos, Perú y Brasil,  presentaron un informe en la COP16 en el que proponen diversas recomendaciones a los gobiernos de la región para mitigar los devastadores efectos de la minería ilegal de oro, una actividad que está acabando con la selva amazónica.  En el  documento se destaca la necesidad de implementar medidas efectivas para la protección del medio ambiente y la promoción de alternativas sostenibles. Las siete propuestas presentadas fueron:  1.Promover la responsabilidad compartida.  2.Fortalecer la gobernanza en las zonas fronterizas.  3.Promover las acciones colectivas lideradas.  4.Combatir el financiamiento ilícito.  5.Establecer un marco legal y regulatorio mínimo para la cadena de suministro de oro en los países amazónicos.  6.Fortalecer la debida diligencia y el monitoreo financiero a lo largo de la cadena de suministro de oro.  7.Promover un cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible centrado en el bienestar social y la conservación productiva del medio ambiente. El informe presentado busca salvaguardar el futuro del ecosistema amazónico y garantizar un desarrollo sostenible que beneficie a todos sin necesidad de acabar con las economías locales y con la salud de las comunidades.

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