En la Zona Industrial de Mamonal, en Cartagena, crece la discusión por posibles irregularidades relacionadas con incapacidades médicas. Según la información conocida, algunos casos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, autoridades distritales de salud, EPS y organismos competentes en materia de ética médica, con el fin de que se adelanten las verificaciones correspondientes y se determine si existen irregularidades.

La revisión, sin embargo, no debe concentrarse únicamente en lo que hizo el trabajador durante el periodo de incapacidad. También deberá establecerse cómo se originó el certificado, quién lo expidió, si existió realmente una atención médica, qué trazabilidad tiene el documento y si se presentan patrones de expedición que ameriten una revisión más profunda. Una fotografía o un video del trabajador realizando determinadas actividades, por sí solos, tampoco constituyen una prueba automática de fraude.

Las empresas pueden verificar la autenticidad de una incapacidad y proteger su operación, pero esa facultad tiene límites. La historia clínica continúa siendo reservada y cualquier comprobación debe realizarse mediante los canales institucionales, respetando la intimidad y el debido proceso. Ahora corresponderá a las autoridades establecer si hubo conductas irregulares, tanto en el uso de las incapacidades como en su eventual expedición.