Comfenalco Cartagena se llena de orgullo al recibir dos prestigiosos reconocimientos de la Superintendencia del Subsidio Familiar, destacando su impacto positivo en la vida de los trabajadores afiliados y empresas de la región. Estos galardones resaltan su excelencia en la innovación y la inclusión, reafirmando su compromiso con el desarrollo social. En Barranquilla, la entidad fue premiada por su empatía y dedicación hacia las personas con discapacidad, gracias a iniciativas como la Carta de Derechos y Deberes en Lengua de Señas Colombiana. En Bogotá, brilló con el Proyecto de Innovación Abierta “Turismo Flexible”, una propuesta que dinamiza el turismo y crea beneficios tangibles para las comunidades. “Estos reconocimientos nos inspiran a seguir transformando ideas en acciones concretas que impacten el presente y futuro de nuestros afiliados”, aseguró Jaime Trucco del Castillo, Director General de Comfenalco. Así, la corporación continúa liderando el camino hacia una sociedad más equitativa, demostrando que la innovación y la inclusión son claves para el progreso de Cartagena y Bolívar.

La polémica en torno al cobro de la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, que conecta las ciudades de Cartagena y Barranquilla, continúa creciendo. En las últimas horas, el abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, presentó una nueva demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) que regulan el cobro. La demanda argumenta que las resoluciones infringen derechos constitucionales y exceden las facultades de la administración, imponiendo una carga económica desproporcionada a los habitantes de la región Caribe sin un análisis adecuado de su capacidad de pago. Ruiz señaló que esta medida afecta negativamente el bienestar y la estabilidad económica de los ciudadanos, al exigirles asumir costos sin que los beneficios sean proporcionales al impacto que se les obliga a asumir. El cobro de valorización, que tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura vial en diez municipios de la región Caribe, no es un tema nuevo. Ya ha sido objeto de controversia en varias ocasiones, y diversos actores, como el Consejo Gremial de Bolívar, el Consejo Intergremial del Atlántico, y las Alcaldías de Cartagena y Barranquilla, también han interpuesto acciones judiciales para tumbar las resoluciones que permiten el cobro. Por su parte, el Ministerio de Transporte ha defendido la legalidad de la medida, destacando que los recursos recaudados se destinarán a financiar nuevos proyectos viales en las ciudades beneficiadas, que incluyen a Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla y otros ocho municipios del Atlántico. El Ministerio argumenta que este mecanismo ha sido utilizado en varios proyectos nacionales desde su creación en 1921, y que es una herramienta válida para financiar el desarrollo de infraestructura, de la cual, según la cartera, se beneficiarán los municipios involucrados.