Por Carlos Periñan Herrera 

Abogado, líder juvenil

En Colombia, existen alrededor de 96 facultades y 194 programas de derecho, de las cuales solo 38 se encuentran acreditadas con alta calidad. Para el 2018 según datos del Ministerio de Educación se graduaron 18.418 abogados en todo el país. Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial, solo por debajo de Costa Rica en mayor índice de abogados por cada 100.000 habitantes, según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Y el Consejo Superior De La Judicatura de acuerdo con el sistema de información del Registro Nacional de Abogados, hay aproximadamente 420 mil profesionales inscritos con tarjeta profesional. Entonces nos surgen varios interrogantes: ¿hay una sobrepoblación de abogados? ¿qué hacer para controlar la sobrepoblación de abogados? ¿En realidad la sociedad necesita muchos juristas? ¿estaría de acuerdo con requisitos más rigurosos para el ejercicio de la profesión?

Existen por cada 100.000 personas 355 abogados en Colombia, cifra exageradamente alta a comparación con Francia de donde se fundamenta parte de nuestro ordenamiento jurídico, donde solo hay 77 por cada 100.000. Las instituciones de educación superior y el Ministerio de Educación tiene responsabilidad en este asunto, al permitir que universidades de garaje oferten el programa de Derecho y sin los más mínimos estándares de calidad: docentes sin cualificación adecuada, malla curricular deficiente, infraestructura pobre, entre otras. Una de las formas de contrarrestar esta situación es ejerciendo una vigilancia más rigurosa y técnica a las instituciones de educación superior. Establecer requisitos técnicos y exámenes de idoneidad, para ir relegando a los malos profesionales que no tienen las cualidades para ejercer la profesión. Desafortunadamente la proliferación de programas de baja calidad impacta negativamente en la profesión. Por el lado del Consejo Superior de la Judicatura deben ser más rigurosos a la hora de expedir la tarjeta profesional. Existen personas que piensan que esto limita el derecho constitucional a escoger su profesión o oficio, pero la misma Constitución Política y la Corte Constitucional lo ha desarrollado, establece que se pueden exigir títulos de idoneidad.

Una de las razones por la cual muchas personas deciden estudiar Derecho, se debe porque en Colombia existe una sistemática vulneración de los derechos fundamentales por parte de las entidades que conforman el Estado o que prestan servicios públicos. Entonces en el imaginario colectivo se cree que una de las maneras de salvaguardar sus derechos es estudiando derecho en alguna universidad del país. Hay que cambiar esa concepción y enseñarle a los ciudadanos a utilizar los mecanismos como derechos de petición y acciones de tutela que buscan proteger derechos fundamentales y estos no exigen derecho de postulación. Lo que se debe hacer es empoderar a los ciudadanos y entregarle herramientas para que puedan defender sus derechos fundamentales sin tener que pasar por una universidad.

Los retos en este tema son grandes, desde la academia se deben formar profesionales integrales y reforzar la ética como base fundamental de la profesión. La sala disciplinaria ha venido realizando un excelente trabajo en sanciones ejemplares a quienes no han actuado con el decoro que exige la profesión. También se deben tener rigurosos controles permanentes sobre los programas y verificar la calidad de la formación que se imparte.