El presidente Gustavo Petro alertó sobre la falta de recursos que tendría el Gobierno Nacional para seguir haciéndole frente a la crisis climática que azota a Colombia. Una situación que, según el primer mandatario, se debe a la seguidilla de catástrofes que se vienen presentando en los últimos dos años. “Este Gobierno lleva dos años de catástrofes ambientales y ya no alcanza el dinero”, expresó Petro en medio de la firma de un decreto que entregará más herramientas a comunidades indígenas para la protección de la naturaleza en su territorio. Asimismo, el jefe de Estado aprovechó el escenario y lanzó una «pulla» a la Corte Constitucional por tumbar el impuesto al carbón y que estaría destinado a proteger a la naturaleza y a las comunidades. Este decreto firmado por Petro estipula que las comunidades indígenas podrán imponer multas o buscar retribución a grandes empresas para proteger la naturaleza como contraprestación al impacto ambiental.

Colombia podría enfrentar una crisis energética debido a los bloqueos anunciados por la comunidad de Barú y Ararca contra la Sociedad Portuaria El Cayao, que produce cerca del 40% del gas del país. La disputa surge tras un fallo de la Fiscalía 17 Seccional de Cartagena, que ordenó la restitución del predio donde opera la gasificadora a la comunidad de Barú. Según el proceso penal 255.819 de 2018, la compraventa del terreno se realizó con documentos falsificados, por lo que la Sociedad Portuaria El Cayao S.A.E.S.P. y la Helm Fiduciaria Itaú no tienen derechos sobre el predio “El Cayao”. El 28 de octubre de 2024, la Fiscalía ratificó la restitución del terreno a los nativos de Barú, pero la empresa no ha devuelto el predio, lo que ha generado tensión en la zona. Ante el incumplimiento del fallo, la comunidad ha anunciado bloqueos a la portuaria, lo que podría afectar la distribución de gas en todo el país. Los abogados de la comunidad, Yordano Beleño Pitalúa y Óscar Fidel Prada Ferrer, han denunciado un posible tráfico de influencias en el caso. Acusan a Francisco Sintura Varela, abogado de la Sociedad Portuaria y exvicefiscal general, de intervenir en el proceso. Además, señalan que el expediente fue trasladado a Bogotá el 3 de marzo de 2025 sin previo aviso a las víctimas ni a la Dirección Seccional de Fiscalías. Ante esto, la comunidad de Barú mantiene su exigencia de restitución y prepara medidas de presión. Si los bloqueos se concretan, Colombia podría enfrentar serios problemas en el suministro de gas.