La iniciativa beneficiará a 12.216 estudiantes de zonas rurales y urbanas en todo el departamento, bajo la Modalidad presencial y con el monitoreo de coordinadores de la zona.  “Con esta inversión continuamos apostándole a la mejora de la calidad educativa. En este proceso es clave fortalecer las competencias de nuestros estudiantes y familiarizarlos con este tipo de evaluaciones. Muchos llegaban a la prueba sin haber realizado ninguna igual; lo cual era una barrera para demostrar lo aprendido en la escuela. Con mejores puntajes, habrán más oportunidades de acceso a la educación superior” indicó Verónica Monterrosa, secretaria de educación.  Dentro de las competencias en las que se van a capacitar los jóvenes, son:  •Matemáticas: Habilidad para modelar, analizar y resolver problemas mediante el uso de conceptos matemáticos, razonamiento lógico y pensamiento abstracto, aplicándolos a situaciones reales. •Lectura Crítica: Capacidad para analizar, interpretar y evaluar textos escritos, identificando ideas principales, argumentos y perspectivas, para tomar decisiones informadas y críticas en diversos contextos. •Ciencias Naturales: Competencia para investigar, explicar y modelar fenómenos naturales utilizando el método científico, fundamentada en la observación, experimentación y análisis crítico. • Sociales y ciudadanas: Capacidad para comprender, analizar y actuar en contextos sociales y políticos, utilizando herramientas de pensamiento crítico para promover una participación ciudadana activa y responsable. •Inglés: Habilidad para comprender y producir textos básicos en inglés, desarrollando competencias lingüísticas que favorezcan la interacción en contextos globales. •Socioemocionales: Capacidad para identificar, gestionar y expresar emociones de manera efectiva, favoreciendo el liderazgo, la resiliencia y la empatía en contextos personales y sociales.

Desde el claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena, el rector de dicha institución, William Malkún, se refirió al fallo otorgado por la Corte Constitucional de no devolver alrededor de 200 mil millones a Ecopetrol por el concepto de pago de la estampilla. Es de conocimiento que desde el pasado 13 de febrero del 2013, Ecopetrol presentó una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho contra los actos administrativos de la universidad, los cuales fueron negados a pagarse. Frente a ello, se presentaron algunas pugnas legales que se dieron por finalizadas el pasado viernes 13 de diciembre. Mediante el fallo, la Corte deja sin efectos la decisión judicial que ordenaba a la Universidad de Cartagena devolver a Ecopetrol los pagos por el concepto de estampilla, que con gastos  adicionales ascendían a 300 mil millones de pesos. «Este año a la Universidad de Cartagena con su juventud y con su grito de defensa de la universidad pública, hoy, han dado un fruto importante para ello y que van a tener un futuro ya no con terror de que la universidad pueda entrar en una crisis financiera», señaló Williams Malkún, rector de esta alma mater.  Por otra parte, Malkún, manifestó el alivio que traen este tipo de decisiones que van en pro de salvaguardar la educación de miles de jóvenes que acceden a la educación superior de manera pública.  «Ustedes no saben, la carga que me he quitado de encima (…) Cuando una institución de esta solo se dedica a hacer el bien y de pronto se quiere mancillar el buen nombre en la calle, los detractores y en muchos escenarios. El conseguir un logro cuando nadie daba un peso por esto se siente muy bien», continuó diciendo. Finalizó haciendo un llamado a todos los opositores de la Universidad de Cartagena, llamándolos a pensar en el bien común por encima del bien particular. «El problema es cuando solamente nos empecinamos a destruir y esta institución, tenemos que cuidarla todos», finalizó.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.