El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, ha admitido la demanda interpuesta por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, contra la Resolución 1729 del 26 de mayo de 2023, que establece el cobro de la Contribución Nacional de Valorización en el Proyecto de Infraestructura Vial Cartagena-Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad. En su demanda, Turbay Paz solicita la nulidad de la resolución y pide que se suspenda provisionalmente el cobro mientras el Consejo de Estado resuelve el caso. La demanda fue presentada el 22 de noviembre y el magistrado Wilson Ramos Girón fue designado como consejero ponente. Además, el Consejo de Estado ha notificado al Instituto Nacional de Vías (Invías) y a la Procuraduría General de la Nación, y ha solicitado al Invías que aporte los antecedentes administrativos que justifican la implementación del cobro. El cobro de valorización, que afectaría a 143.000 predios en 10 municipios de Bolívar y Atlántico, ha sido duramente criticado por su potencial impacto negativo en la economía local, especialmente en el sector de la construcción. La cifra estimada del recaudo podría ascender a 2.4 billones de pesos, un monto superior a la inversión regional asignada en el presupuesto para los departamentos de Atlántico y Bolívar. En Cartagena, la zona de influencia de la Vía del Mar comprende 24.128 hectáreas y afecta a más de 66.000 predios, de los cuales una gran mayoría corresponde a viviendas, comercios y tierras agrícolas. Este caso será examinado por el Consejo de Estado en conjunto con otros procesos judiciales que buscan invalidar la resolución, y su resolución podría tener implicaciones significativas para la implementación de proyectos de infraestructura en la región.