La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra tres concejales de Cantagallo, Bolívar, por presuntas irregularidades en el trámite y aprobación de una adición presupuestal de $10.986 millones durante la vigencia de 2025. La actuación disciplinaria está relacionada con la incorporación de recursos al presupuesto municipal mediante el Proyecto de Acuerdo No. 001 de ese año.
Los funcionarios investigados son Malver Torrejano, Norelvis María Hernández Arraez y Lizandro Godoy Pedrozo, quienes integraban el Concejo Municipal de Cantagallo para el periodo 2024-2027. Según el Ministerio Público, los tres hacían parte de la Comisión Permanente de Presupuesto y habrían votado a favor de la iniciativa sin verificar presuntamente el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para realizar la adición de los recursos.
La investigación, adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barrancabermeja, se concentra en la incorporación de $10.986 millones provenientes de procesos de contratación en curso. El organismo de control busca establecer si durante el trámite del proyecto se cumplieron las disposiciones legales y presupuestales aplicables, así como determinar la posible responsabilidad individual de los concejales involucrados.
Además de formular cargos contra los tres integrantes del Concejo, la Procuraduría ordenó compulsar copias para que se evalúe la posible responsabilidad disciplinaria del alcalde de Cantagallo, Omar Devanys Esparragoza Ponce, y de dos funcionarios de su administración: Joel Emiro Alcocer Guerra, secretario de Hacienda y Finanzas, y Alexander Rodríguez Sarmiento, secretario de Planeación e Infraestructura.
La compulsa de copias significa que se remitirá la información correspondiente para que se determine si existen elementos que ameriten actuaciones disciplinarias frente a esos funcionarios. Esta decisión no equivale a una declaración de responsabilidad ni implica que se hayan formulado cargos contra ellos en esta misma actuación.
El proceso deberá avanzar con respeto al debido proceso y a las garantías legales de los investigados. Por ahora, la formulación de cargos constituye una etapa de la actuación disciplinaria y no una sanción definitiva. La Procuraduría deberá evaluar las explicaciones, pruebas y demás elementos del expediente antes de adoptar una decisión de fondo.











