Tras el problema del acueducto y alcantarillado de San Juan y San Jacinto, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana hizo presencia en las comunidades de estas poblaciones para hablar de cómo se adelanta el proceso para el inicio de esta obras, además, el gobernador aseguró que no tiene la culpa de este flagelo que ya un poco más de 70 años. «No me juzguen por cosas que yo no tengo que ver. Yo no tengo la culpa de que San Juan tenga 70 años sin agua, yo acabo de llegar al gobierno, y yo en 11 meses (…) les adjudiqué la optimización del acueducto», señaló Arana en medio de toda la comunidad. Le presencia del gobernador en el sector Villa Carmen estuvo acompañada por la población de Calamar, San Jacinto y San Juan.  “El 10 de febrero llega la primera bomba repotenciada y el 20 de febrero llega la segunda bomba repotenciada. Con estos trabajos el agua regresará a los hogares de San Juan y San Jacinto, pero además de estas bombas, compraremos tres nuevas para fortalecer el servicio”, apuntó Arana. Arana además le pidió paciencia para poder ejecutar estas obras que ya entraron en proceso de adjudicación.  

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció la ocupación ilegal de al menos 16 mil hectáreas destinadas a la reparación de víctimas del conflicto armado. Empresarios, políticos y narcotraficantes estarían detrás de esta red, conocida como el ‘Cartel de la Tierra’, que afecta predios en Córdoba, Bolívar, Cesar y Antioquia. Entre los nombres más sonados se encuentran Félix Gutiérrez, quien fue alcalde de Buenavista (Córdoba), y Hugues Manuel Rodríguez, alias ‘Comandante Barbie’, ambos relacionados con predios adquiridos de manera irregular. Gutiérrez, además, ha sido señalado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, como responsable de la masacre de La Mejor Esquina en 1988, mientras que Rodríguez controla predios como La América, en Cesar, que habían sido entregados al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV). Asimismo, figuran empresas como K-Supply Group SAS, que accedió a 1.841 hectáreas en Antioquia bajo contratos cuestionados, y la familia Méndez en Bolívar, vinculada a un grupo paramilitar de los Montes de María. Sin embargo, hay otros casos, mismos que incluyen predios baldíos en Meta ocupados por familiares de Víctor Carranza, así como el venezolano Charif El Hadaui Hernández, quien arrendaba predios en Antioquia pese a sus antecedentes judiciales. Por su parte, la ANT, bajo el liderazgo de Felipe Harman Ortiz, trabaja para recuperar las tierras y adjudicarlas a campesinos y víctimas. Hasta ahora, se han gestionado convenios por $700 mil millones para adquirir 53 mil hectáreas y se proyecta identificar 100 mil más en colaboración con exjefes paramilitares designados como Gestores de Paz. De esta manera, la ANT, con el apoyo de la Fiscalía, busca adelantar investigaciones penales y garantizar que estas tierras cumplan su propósito de justicia y reparación. Por lo que, el director Felipe Harman destacó: «Estas acciones son clave para desmantelar el control ilegal de los predios y devolverlos a quienes realmente los necesitan».