La escollera de Bocagrande, construida entre 1768 y 1786, fue una de las mayores hazañas de ingeniería en Cartagena de Indias. Su propósito era cerrar el canal de Bocagrande para evitar el ingreso de barcos enemigos a la bahía. Esta obra, diseñada por Antonio de Arévalo, contribuyó a fortalecer las defensas de la ciudad en el contexto de constantes amenazas. El dique tiene 3 kilómetros de largo y fue construido utilizando pilotes de madera y piedras locales. Estas estructuras se diseñaron específicamente para resistir el fuerte oleaje y proteger las murallas de la ciudad. La escollera también creó un malecón y playas artificiales, transformando el paisaje costero de Cartagena. Durante la construcción, se enfrentaron varios retos técnicos, como la necesidad de cimentar sobre terrenos húmedos. Se probaron soluciones como los cajones de madera rellenos de piedra, pero debido a su alto costo y poca durabilidad, fueron descartados. La escollera fue finalmente diseñada para ser más resistente y efectiva. La obra también tuvo un impacto ambiental, al modificar el flujo de las mareas y crear áreas estables de arena que facilitaron el desarrollo de la ciudad. A medida que avanzaba la construcción, se incorporaron modificaciones que mejoraron las condiciones originales, garantizando su eficacia a largo plazo. Hoy en día, en marea baja, se pueden observar partes de la escollera bajo el agua, un testimonio de su importancia histórica. La escollera de Bocagrande no solo protegió a Cartagena, sino que se ha convertido en un símbolo de la ingeniería militar española y su capacidad para enfrentar los desafíos del mar Caribe.

Recientemente, resurgió en la esfera política una propuesta que, aunque puede parecer innovadora, encierra riesgos profundos para la unidad del departamento de Bolívar. Durante los primeros días del gobierno del presidente Petro, se mencionó la idea de crear un nuevo departamento compuesto por municipios del Zode Magdalena Medio Bolivarense: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Arenal. Esta iniciativa, que permaneció en silencio, ha sido revivida por una congresista, quien propone añadir otros municipios como El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Regidor, Tiquisio y Río Viejo, con Aguachica como capital. ¿Es realmente necesario fragmentar lo que debe permanecer unido? En medio del conflicto y la disputa territorial que se vive en el sur de Bolívar, la respuesta es clara. La unidad no es solo un ideal abstracto; es una necesidad urgente para asegurar una gobernanza territorial eficaz. Separar estos municipios, muchos de los cuales carecen de una identidad sociológica compartida con la supuesta nueva entidad territorial, es un error que solo agravaría las tensiones existentes. No se puede ignorar, además, el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la calidad de vida en el sur de Bolívar. Las inversiones del departamento en estas comunidades son prueba de un compromiso que no debe ser subestimado por discursos separatistas que, en el fondo, parecen más impulsados por intereses electorales y populistas que por un genuino interés en el bienestar de la población. El Plan de Desarrollo “Bolívar me Enamora”, presentado por el gobernador Yamil Arana, es una hoja de ruta seria que busca conectar el departamento de norte a sur, no solo a través de infraestructura, sino también mediante inversiones sociales clave para reducir la pobreza. Esta propuesta es no solo lógica, sino necesaria, y cualquier intento de fragmentación sería un retroceso en los avances logrados hasta ahora. Es crucial entender que la creación de un nuevo departamento no es simplemente una cuestión administrativa; es un movimiento con profundas implicaciones políticas y sociales. La idea de separar municipios bajo el pretexto de una supuesta mejor administración territorial es, en realidad, un juego peligroso que oculta fines electoralistas. Es una maniobra diseñada para desviar la atención de la falta de resultados del gobierno nacional, utilizando como peones a las comunidades más vulnerables. Columna escrita por Alonso J. del Río Jiménez. No representa conceptos, posturas ni opiniones del periódico.

Por medio de la Resolución 3856 del 26 de agosto de 2024, el Instituto Nacional de Vías, dio a conocer el área de influencia para el cobro de valorización de la Vía al Mar, carretera que comunica a Cartagena con Barranquilla. Estableció que 10 poblaciones estarán sujetas al cobro. Las cuales incluye el departamento de Bolívar que son Cartagena y Santa Catalina, Atlántico: Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará. El área de influencia del cobro de valorización según la resolución es la siguiente: “por el sur y el occidente con el Mar Caribe en el sector de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga, por el oriente recorre aproximadamente 0,9 kilómetros por la diagonal 22 (avenida Crisanto Luque) hasta encontrar la Avenida Pedro de Heredia, continúa su extensión por la mencionada avenida hasta el Paseo Bolívar, vía con la cual continúa la delimitación hasta encontrar la Avenida Santander. La delimitación por el oriente continúa encontrando el Mar Caribe, continúa por el costado oriental adentrándose al municipio hasta encontrar el municipio de Santa Catalina”. Zona de influencia que abarca 24.128 hectáreas, y un total de 66.303 predios pagarían valorización en la capital de bolívar, de los cuales 51.200 son habitacionales, 10.226 comerciales y 2.156 agrícolas. Quedarán exentos de la valorización los que no tienen capacidad de pago, propietarios de predios en pobreza extrema o moderada, según el SISBÉN.