La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, dio inicio al caso 002 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que corresponde a los hechos victimizantes que sufrieron los habitantes de tres municipios: Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 a 2016.
Se revisarán casos de desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal, y demás violaciones de Derechos Humanos. La JEP, ha identificado más de 1.000 hechos en esta zona del país, principalmente contra las comunidades indígenas.
Según la magistrada Julieta Lemaitre, “esta situación permite materializar el enfoque territorial y étnico racial consignado en el acuerdo final. Y eso hace posible comprender la dinámica del conflicto armado en el territorio, sus posible causa y efectos como son la discriminación racial, la presencia de múltiples grupos armados y la importancia económica y estratégica de las regiones donde están asentados en su mayoría los pueblos étnicos”.
La Sala de Reconocimiento, tuvo en cuenta los informes de la Fiscalía del inventario de los hechos que están ligados al conflicto armado e informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, expedientes judiciales y sentencias condenatorias.
Los hechos por los cuales se da inicio a la etapa de reconocimiento, estarían relacionados con miembros de la fuerza pública, así como integrantes de la antigua guerrilla de las Farc.
