Por Ambrosio Fernández

Probablemente nada de lo que pueda decir acerca de la que ya ha sido catalogada como la noticia política del año en Colombia sea nuevo o pueda dar grandes luces a la conversación nacional, puesto que de entrada hay que anotarlo, aunque procuro mantenerme al tanto de lo que pasa en el país y en el mundo, no soy abogado o constitucionalista, como para presentar un panorama sobre la medida de detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque parezca “tibio” (nuevo término que se ha establecido en el argot político colombiano) o me tilden de buscar agradar a varios sectores, mi posición siempre será conciliadora y con una constante invitación a avanzar, sobre todo en la solución a los profundos dramas sociales por los que atraviesa la población colombiana y especialmente los cartageneros.

Los días se suceden y no terminamos de comprender la dimensión de la crisis por la que atravesamos y la que se nos avecina, llevamos semanas sumando más de 250 muertes diarias debido a la Covid-19, los pronósticos dicen que la economía nacional se contraerá entre un -6 y -12% y la cifra de desempleo toca el dramático 20%.

Esas números arrastran consigo dolor, angustia y miseria. Según cifras del DANE, en los últimos tres meses, Cartagena sumó 19 mil nuevos desempleados, es decir, 19 mil hogares que vieron diezmados sus ingresos y calidad de vida. De acuerdo a la más reciente encuesta de percepción ciudadana del programa Cartagena Cómo Vamos, en 3 de cada 10 hogares de la ciudad, alguno de sus miembros tuvo que comer menos de tres comidas diarias porque no había suficientes alimentos, proporción que aumenta a 7 de cada 10 hogares en la Isla de Tierrabomba. ¿Se incrementará esa cifra en tiempos de pandemia?

No es que no sea importante lo que suceda en la alta política nacional, pero mi mensaje es a dejar que las instituciones actúen en derecho, que tanto detractores como partidarios del senador Uribe respeten el debido proceso y centrarnos en nuestra gente, en plantear soluciones y afrontar la crisis, porque las necesidades de las familias no se pueden aplazar o esperar a que la Corte Suprema de Justicia de un fallo definitivo o a que empiece de nuevo la carrera presidencial para el 2022. Mientras la polarización crece, la movilidad social, entendida como la posibilidad que tienen los ciudadanos de un país para ascender en una escala socioeconómica, se ha visto detenida por la pandemia.

La unidad y la agenda nacional deben seguir siendo la pandemia y la crisis que ocasiona, porque el hambre no tiene color político.