María Corina Machado, nacida el 7 de octubre de 1967 en Caracas, es una de las figuras más prominentes y polémicas de la política venezolana contemporánea. Divorciada y madre de tres hijos, Machado se destaca por su firme postura opositora al régimen chavista y su liderazgo en el movimiento Vente Venezuela. Su salto a la fama ocurrió en 2002 cuando cofundó la ONG Súmate, buscando mejorar la transparencia electoral en Venezuela. Este esfuerzo la llevó a liderar un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en 2004. Su fuerte retórica y acciones la llevaron a ser apodada “la dama de hierro” de Venezuela, en alusión a Margaret Thatcher. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por conflictos con el chavismo, incluyendo su famosa foto con el expresidente estadounidense George W. Bush y su presencia en el Palacio de Miraflores durante el fallido golpe de Estado de 2002. En 2010, Machado fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda, y en 2012 fundó el movimiento político Vente Venezuela, del cual sigue siendo la líder. Su influencia y capacidad para movilizar a los votantes fueron evidentes en octubre de 2023, cuando obtuvo el 93% de los votos en las internas de la Plataforma Unitaria Democrática. No obstante, el 5 de marzo de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó su inhabilitación para competir en las elecciones presidenciales de ese año. A pesar de las restricciones, Machado ha demostrado ser una estratega política hábil. Ha reducido el tono confrontacional de su discurso y se ha enfocado en movilizar a los votantes, incluso en el exterior, a través de los “comanditos antichavistas”. Su capacidad para mantenerse relevante y efectiva en la arena política subraya su rol central en la oposición venezolana y su continuo desafío al régimen de Nicolás Maduro.

Recientemente, resurgió en la esfera política una propuesta que, aunque puede parecer innovadora, encierra riesgos profundos para la unidad del departamento de Bolívar. Durante los primeros días del gobierno del presidente Petro, se mencionó la idea de crear un nuevo departamento compuesto por municipios del Zode Magdalena Medio Bolivarense: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Arenal. Esta iniciativa, que permaneció en silencio, ha sido revivida por una congresista, quien propone añadir otros municipios como El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Regidor, Tiquisio y Río Viejo, con Aguachica como capital. ¿Es realmente necesario fragmentar lo que debe permanecer unido? En medio del conflicto y la disputa territorial que se vive en el sur de Bolívar, la respuesta es clara. La unidad no es solo un ideal abstracto; es una necesidad urgente para asegurar una gobernanza territorial eficaz. Separar estos municipios, muchos de los cuales carecen de una identidad sociológica compartida con la supuesta nueva entidad territorial, es un error que solo agravaría las tensiones existentes. No se puede ignorar, además, el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la calidad de vida en el sur de Bolívar. Las inversiones del departamento en estas comunidades son prueba de un compromiso que no debe ser subestimado por discursos separatistas que, en el fondo, parecen más impulsados por intereses electorales y populistas que por un genuino interés en el bienestar de la población. El Plan de Desarrollo “Bolívar me Enamora”, presentado por el gobernador Yamil Arana, es una hoja de ruta seria que busca conectar el departamento de norte a sur, no solo a través de infraestructura, sino también mediante inversiones sociales clave para reducir la pobreza. Esta propuesta es no solo lógica, sino necesaria, y cualquier intento de fragmentación sería un retroceso en los avances logrados hasta ahora. Es crucial entender que la creación de un nuevo departamento no es simplemente una cuestión administrativa; es un movimiento con profundas implicaciones políticas y sociales. La idea de separar municipios bajo el pretexto de una supuesta mejor administración territorial es, en realidad, un juego peligroso que oculta fines electoralistas. Es una maniobra diseñada para desviar la atención de la falta de resultados del gobierno nacional, utilizando como peones a las comunidades más vulnerables. Columna escrita por Alonso J. del Río Jiménez. No representa conceptos, posturas ni opiniones del periódico.