Este lunes 21 de octubre de 2024, la Policía y la Fiscalía de Colombia llevaron a cabo una operación que resultó en la captura de cuatro personas, incluyendo funcionarios de la Gobernación de San Andrés, involucrados en una red de tráfico de migrantes. Esta organización criminal transnacional se dedicaba al movimiento ilegal de ciudadanos vietnamitas, quienes eran transportados desde Medellín hasta la isla de San Andrés y luego hacia Nicaragua. Según las investigaciones, la red ofrecía rutas migratorias aéreas a migrantes asiáticos que ingresaban irregularmente a Colombia, cobrando entre 2,000 y 2,500 dólares por cada persona, donde los traficantes facilitaban la llegada y salida desde el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, eludiendo controles migratorios. Entre los capturados se encuentran alias Natasha, quien lideraba la organización y era funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de San Andrés, así como alias Gordo, su pareja, encargado de transportar a los migrantes por mar. También fue arrestado el hermano de Natasha, conocido como Sergey que, de momento se desconoce su rol específico. Por lo anterior, la Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes, donde un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en un centro carcelario para todos los involucrados, reconociendo la gravedad de sus delitos.

Diomedes de Jesús Díaz Noriega, un hombre de 37 años, fue enviado a prisión preventiva en Cartagena por su presunta implicación en la adulteración de bebidas alcohólicas. Las autoridades descubrieron una vivienda en el barrio La Quinta, en Cartagena, donde al parecer, se fabricaba y comercializaba licor adulterado, poniendo en riesgo la salud pública. La Fiscalía General de la Nación le imputó a Díaz Noriega varios delitos, entre ellos corrupción de alimentos, imitación o simulación de productos y usurpación de derechos de propiedad industrial. A pesar de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos. La defensa argumentó que no hubo participación directa de su cliente en los hechos, pero el proceso legal continuó con base en el material probatorio. En la vivienda donde se encontraron más de 125 botellas de licor, 210 bolsas con sellos de un whisky escocés, 560 estampillas de licor del departamento de Bolivar y 240 anillos de seguridad, entre otros elementos. Estos hallazgos fueron fundamentales para que un juez de Control de Garantías decidiera imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario. El ahora procesado cumplirá su reclusión en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena. Este caso pone de manifiesto la gravedad de las actividades de adulteración de productos de consumo humano y la respuesta legal contundente para proteger a la población.