Por José Patrón Galvis

El presidente Iván Duque recibió al país en un entorno complejo y de profunda pugnacidad política, que derivó numerosas dificultades para su administración, las cuales empeoraron de forma exponencial con la pandemia. Si bien el gobierno ha realizado un esfuerzo meritorio en las actuales circunstancias, parece ser aún insuficiente dado el tamaño de los desafíos.

Como señaló Fernando Cepeda en el diario Nuevo Siglo, la primera de las dificultades, se derivaron  de un proceso de paz que no contó con un consenso político suficiente: se dieron tres elecciones en las que se evidenció que la mayoría no estaba de acuerdo con los compromisos alcanzados. La primera fue la elección en 2014 que ganó en primera vuelta Óscar Iván Zuluaga; la segunda fue el plebiscito por la paz y la tercera el triunfo presidencial de Iván Duque y su partido el Centro Democrático. Al no contar con un mínimo consenso político, se ha profundizado la división del país y por lo tanto su gobernabilidad.

Como segundo elemento, se encuentra la crisis heredada del sistema de salud. Como lo ha manifestado la Contraloría General de la Nación desde la época que era dirigida por Sandra Morelli, la corrupción les cuesta a los colombianos cincuenta billones de pesos, de los cuales catorce billones se pierden en manejos irregulares del sector de la salud.

En materia de ingresos en las arcas públicas, se heredó y no ha dado tregua, la baja en los ingresos petroleros.  Actualmente el sector petrolero mundial y nacional atraviesa una de las coyunturas más difíciles de la historia reciente, debido a la fuerte caída del precio por barril a partir de diciembre de 2014 oscilando entre 30 y 60 dólares, incluso tocando valores negativos (referencia West Texas) en el mes de abril de 2020; conllevando a menor inversión extranjera, recortes en programas sociales, infraestructura, y de reformas tributarias a fin de suplir la falta de ingresos.

Sumado a lo anterior, la administración Duque seis meses antes de cumplir los dos años, se enfrentó a un hecho por nadie contemplado, la pandemia del COVID-19, dificultad que jamás había tenido presidente alguno en nuestro país, aunado a un sistema de salud en crisis, con aproximadamente 15 hospitales cerrados o intervenidos, con médicos que alegaban que hace seis meses y hasta un año no les pagan su salario, una deuda billonaria con clínicas y hospitales, en fin, una bomba que explotó en el país.

Paralelamente se enquistó un problema mayor en la administración: la poca gobernabilidad. El presidente Duque si bien había ganado las elecciones no ha detentado mayorías claras en el Congreso de la República. En consecuencia, no ha podido su administración construir una coalición estable. Palabras más, palabras menos, simplemente se construyó una coalición para ganar la presidencia, pero no para gobernar.  Solo apenas año y medio después de las elecciones, tras un paro nacional y mapa político local totalmente adverso se estableció un intento de coalición.

Surgida la pandemia, se da una coyuntura temporal favorable, que le otorga al presidente facultades que no había tenido. Al darle capacidad de gobernar vía declaratoria de emergencia económica, de salud y ecológica, entonces tuvo una gobernabilidad a su alcance que le ha permitido expedir más de 170 decretos legislativos para lidiar, contra la pandemia. Eso cubría muchas más dimensiones e iban más allá de la salud. Sin embargo, estas facultades tienden a ser temporales, como lo ha establecido la Corte Constitucional y se han empezado a limitar.  Así mismo, en materia de ejercicio de la función legislativa inexorablemente se volverá a las sesiones presenciales, Según el alto tribunal, la presencialidad “es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre, y de la expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad”, “excepcionalmente se acuda a la virtualidad”. Lo anterior conllevará a una necesidad de establecer una coalición, a fin de garantizar la gobernabilidad tan necesaria en la postpandemia.

Los desafíos para la administración Duque son enormes, requieren de gobernabilidad sólida basada en el consenso político. Si en estos dos años se han presentados dificultades enormes, los dos años restantes serán aún más complejas, entre los retos que se avecinan estarán: la generación del empleo perdido por la pandemia, la protesta social que se avecina por el empeoramiento de las condiciones de vida de un amplio sector de la población, el aumento tanto del déficit como endeudamiento público y una posible reforma pensional.

Como señala, Moisés Naím, en la obra “El Fin del Poder”, el poder en la actualidad está cada vez más difuso y atomizado. El mundo de los poderosos, sean políticos o empresarios, sean países, medios de comunicación, sean ejércitos, religiones, sindicatos o partidos políticos ya no es ni será lo que en algún momento fue. Por lo tanto, si bien puede resultar fácil adquirir el poder, se hace cada día más complejo su ejercicio. Cobra suma importancia la palabra concertación.