La propuesta de creación de un nuevo departamento, SurCaribe, que agruparía 28 municipios de los sures de Magdalena, Cesar, Norte de Santander y Bolívar, ha generado un debate intenso sobre el futuro político, económico y administrativo de los territorios involucrados. Esta iniciativa, presentada en el Congreso de la República el 22 de julio de 2024, se encuentra en sus primeras etapas legislativas, sin que aún se haya definido cuándo iniciarán los debates reglamentarios. Sin embargo, el proyecto ya ha provocado fuertes reacciones, especialmente en Bolívar, donde se teme que la fragmentación del territorio afecte su cohesión y desarrollo. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha sido uno de los opositores a la creación del nuevo departamento. Arana considera que dividir el territorio de Bolívar sería un «despropósito» y un paso hacia la desintegración administrativa y económica de la región. En su defensa, asegura que la Gobernación de Bolívar realiza una «redistribución de riqueza», ya que la mayor parte de los ingresos del departamento provienen del norte, pero son invertidos en todo el territorio, incluyendo el sur. Para él, la creación de un nuevo departamento en el sur solo generaría más pobreza y profundizaría la desigualdad. La propuesta de crear el «Departamento 33» surge como una iniciativa ciudadana que busca dotar de mayor autonomía a los municipios del sur de Bolívar, junto con otros municipios de los departamentos de Cesar, Magdalena y Norte de Santander. El proyecto abarcaría un vasto territorio de 22.000 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 640.000 habitantes, y tendría como capital a Aguachica (Cesar). En total, 17 municipios de Bolívar quedarían bajo el nuevo departamento, representando el 36,9% de los municipios y el 63,5% del territorio de Bolívar. Estos municipios, con una población superior a los 320.000 habitantes, incluyen localidades como Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, y Morales, entre otras. En este contexto, los habitantes del sur de Bolívar piden una consulta popular para que los ciudadanos de las regiones afectadas decidan directamente sobre el futuro del territorio. Fuente. El Universal