Cinco hombres fueron judicializados por presuntamente haber cometido los delitos de tentativa de extorsión agravada en contra de varios comerciantes de Cartagena. Una fiscal Gaula de la Seccional Bolívar estableció esta medida en contra de Wilfredo Gómez Franco, alias Tata, Roberto Carlos Burgos Moreno, Eduardo Estrada Gamero, Kevin Michel Pérez Medina y Jhon Jesús Martínez Llenera, quienes no aceptaron los cargos que se les fueron imputados. Al parecer, los procesados habrían simulado ser integrantes de grupos delincuenciales, identidad bajo la que habrían solicitado sumas de hasta $1.500.00 y $3.000.000 a empresarios a cambio de no realizar ningún ataque en contra de su integridad. Entre las víctimas, se encuentra una persona de nacionalidad extranjera que maneja un establecimiento público en el barrio Villa Sandra, el propietario de un local en Paseo Bolívar y el dueño de un almacén en La Esperanza. La Policía Nacional habría dado captura a los presuntos delincuentes entre el 30 de julio y el 2 de agosto, cuando se disponían a recibir los dineros exigidos a las víctimas.

Una de las medidas que ha sorprendido al mundo por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la firma de la orden ejecutiva que suspende temporalmente el programa de ayudas económicas al exterior. La decisión, que va por 90 días, colocará en estudio a los países a ver si se alinean a con intereses estratégicos en torno al narcotráfico, migración y crisis política.  Hablando de Colombia, estarían en vilo acerca de 380 millones de dólares que entran de la nación americana como un impulso para la lucha antidrogas y proyectos que giran a favor de la inversión social. Durante este periodo, la administración de Trump evaluará, si Colombia presenta condiciones para visibilizar la gestión de este importante recurso.  Sin duda, la puesta en pausa de la ejecución de estos recursos no solo repercute en el ámbito político de Colombia, sino en las comunidades colombianas que dependen de estos recursos. Dicha suspensión  resalta la presión que desde dicho gobierno se hace para garantizar que los países receptores estén alineados a los intereses y prioridades del mundo global.

María la Baja, un municipio al norte de Bolívar, conocido por su riqueza cultural y su Festival Nacional del Bullerengue, enfrenta una crisis de agua potable que ha perdurado por más de ocho décadas. A pesar de contar con una vasta red de canales y embalses, los habitantes se ven obligados a comprar agua de pozo, que no está tratada, para su consumo diario. Un residente local expresa su frustración. «Desde que tengo memoria, María la Baja no ha tenido agua potable. Mis abuelos y padres murieron esperando este servicio esencial, y yo, con 52 años, sigo esperando. Es triste ver cómo nuestro municipio, uno de los más antiguos de Bolívar, sigue tan rezagado en términos de infraestructura básica.» Actualmente, en la página web oficial del municipio se menciona un proyecto para mejorar el acceso a servicios de acueducto y alcantarillado mediante la construcción de conexiones intradomiciliarias, con una inversión de más de 3.7 mil millones de pesos. Sin embargo, los habitantes aún no ven reflejados estos avances en su vida cotidiana.