La carimañola, más que un “frito”, se ha convertido a lo largo de los años en una fritura tradicional en la costa colombiana y conocida en otros rincones del país, incluso en otros países de América Latina. Un ejemplo de su expansión es Panamá, que aunque dejó de pertenecer a Colombia finalizando 1903, este “bocadillo”, siguió perdurando en la región, tanto así que hoy día es tan conocida como en el país cafetero. Su nombre ha generado debates entre quienes prefieren llamarla “caribañola” o “carimañola”, pero más allá de la discusión, todos están de acuerdo en que tiene un sabor inigualable, mismo que con el tiempo a pesar de las modificaciones en el relleno sigue sentando bien en el paladar de quienes la consumen. Por lo anterior, tanto la versatilidad, como el ingenio en su preparación, hace que se mantenga vigente y se encuentre a la vuelta de la esquina, desde pequeños emprendimientos, hasta en los restaurantes más lujosos, incluso en los supermercados de cadena. Más allá de eso, la carimañola no solo es un plato típico, sino también un símbolo de identidad en la cultura culinaria del Caribe y que a su vez genera lazos históricos que unen a los pueblos como un recordatorio de las raíces heredadas.

El Comité de Usuarios de Cartagena ha pedido la intervención de Afinia al Gobierno, luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos tomara posesión de Air-e el 12 de septiembre, tras problemas financieros que afectaban la continuidad del servicio en Atlántico, La Guajira y el norte del Magdalena, alegando de que podrían terminar igual si no se realizan las acciones legales pertinentes. Según el comité, no buscan salvar la empresa, sino que el Estado asuma la prestación del servicio. “Queremos una intervención como la de Air-e, pero para que el Estado tome control y luego liquide a estas empresas”, señalaron. Del mismo modo, proponen crear una EmpresaEnergética del Caribe (EEC), respaldada por varios gobernadores y el Ministerio de Minas. Sin embargo, Afinia, filial de EPM, no ha solicitado intervención, pero ha reconocido los problemas financieros. A pesar de un plan de inversión de $5 billones, los bajos recaudos y pérdidas de energía generan incertidumbre sobre el futuro del servicio. En ese sentido, La Contraloría advirtió que, sin soluciones inmediatas, más de 10 millones de personas podrían quedar sin energía, afectando la región y la economía nacional. “Si no se toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio”, alertó la entidad.