Afinia activó una ruta de atención en Calamar, Bolívar, tras los desórdenes ocurridos el 14 de abril por la sobrecarga de un transformador, presuntamente causada por conexiones ilegales. El incidente dejó sin servicio a 37 familias y evidenció riesgos eléctricos graves. Durante una jornada de diálogo con la alcaldesa Yelitza Castellar y la comunidad, Afinia expuso la crítica situación del municipio, donde las pérdidas de energía alcanzan el 65% y el recaudo apenas llega al 35%. La deuda conjunta de los usuarios afectados es de $55 millones, de los cuales la Alcaldía gestionará un abono inicial de $8 millones. A cambio, Afinia instalará un nuevo transformador y la comunidad permitirá el ingreso de brigadas para realizar un censo de carga, paso clave para avanzar en la normalización del servicio. Aunque hubo resistencia inicial, se lograron compromisos orientados a la legalización de las conexiones y la mejora del recaudo. La empresa reiteró su disposición al diálogo, rechazó las vías de hecho como mecanismo de presión, y destacó el acompañamiento de los entes de control. Afinia mantiene su compromiso con el desarrollo de Calamar, respaldado por una inversión de $1,2 billones en Bolívar para modernizar la infraestructura eléctrica.

Tras de 10 años del atroz asesinato de Kelly Zapateiro por parte del comandante de policía de la estación de Manzanillo del Mar, Andrés Díaz y su esposa, Josefa Cardona, quienes aseinaron, desmembraron y le quitaron su bebé cuando solo tenía 8 meses de gestación. El mes pasado, fue lanzada una sentencia judicial que reconoce la responsabilidad de la nación en esté feminicidio, en la cual se exige una reparación integral para la familia de la víctima y su entorno. Las razones por las cuales se culpabiliza el estado es debido a que asesinato se da a sólo 23 metros de la estación de policía, los instrumentos para llevar a cabo el acto fueron tomados de las despensas de la estación, demás uniformados que estaban en el lugar omitieron los gritos, disparos y la fosa donde incineraron a Kelly. “La joven madre tenía derecho a permanecer segura al interior de la entidad estatal (…). Fueron precisamente (los policías de la estación los que incurrieron en sistémicas omisiones que terminaron por facilitar el fatal desenlace”, indicó la sentencia. Dentro de la reparación de los familiares de la víctima incluye: indemnización de 380 millones de pesos, la construcción de un parque ara protege la seguridad de los niños y niñas del sector, un mural en el parque que sensibilice sobre la violencia y el acoso de las mujeres e implementar programas con iniciativa de género en lapolicías enfocados en la erradicación de la violencia en contra de mujeres y en prevención con el feminicidio.

Cardique, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, ha confirmado la celebración de la Feria de Negocios Verdes, un evento diseñado para promover la sostenibilidad y el emprendimiento ecológico en la región. La feria se llevará a cabo los días 20 y 21 de septiembre en el Centro Comercial Caribe Plaza.Este evento busca destacar la importancia de los productos y servicios que contribuyen a la protección del medio ambiente. A lo largo de dos días, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar una variedad de ofertas innovadoras provenientes de empresas y emprendedores comprometidos con prácticas sostenibles. La feria servirá como plataforma para que estos negocios verdes puedan mostrar sus soluciones ecológicas, además de fomentar la interacción directa con consumidores interesados en adoptar un estilo de vida más respetuoso con el planeta. La entrada al evento es libre y se invita a toda la comunidad a seguir promoviendo la conciencia ambiental y apoyar a los emprendedores que priorizan la sostenibilidad en sus modelos de negocio. Durante el evento, los visitantes podrán descubrir desde productos reciclados hasta servicios que facilitan la reducción de huella de carbono, además de participar en actividades educativas relacionadas con la conservación ambiental.

La Federación Colombiana de Ganadería (Fedegan) recuerda que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de 21.000 millones de pesos a varias empresas lecheras por vender lactosuero bajo la denominación de leche entera. Este subproducto de la leche, utilizado ilegalmente para reemplazarla, ha causado un gran revuelo en la industria láctea colombiana, revelando prácticas fraudulentas que afectan tanto a los productores como a los consumidores. La multa tiene un impacto significativo en los ganaderos, quienes ven reducida la demanda de leche cruda debido al uso del lactosuero. Al sustituir la leche entera por lactosuero, los productores de leche reciben menos compra de su producto, lo que también provoca una disminución en el precio del litro de leche, afectando sus ingresos y la sostenibilidad de sus negocios. Por otro lado, los consumidores se ven perjudicados por el engaño. Aunque pagan lo mismo por un litro de leche, lo que reciben no es leche entera, sino un producto de menor calidad, sin el sabor y la textura que los consumidores esperan. Esto genera desconfianza y decepción en los consumidores, quienes no obtienen el producto por el cual están pagando. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar los controles y la transparencia en la industria láctea. La sanción impuesta por la SIC es un paso importante para garantizar la calidad de los productos y la protección de los derechos de los consumidores, buscando que situaciones como esta no se repitan en el futuro.