Las declaraciones de Angie Rodríguez no solo desataron una polémica política en la Casa de Nariño, sino que también encendieron las alarmas por un componente aún más delicado: las presuntas amenazas que, según ella, habría recibido tras sus denuncias.
Rodríguez aseguró que, luego de evidenciar tensiones internas y señalar a figuras como Juliana Guerrero, comenzó a percibir un ambiente hostil en su contra. De acuerdo con su testimonio, mensajes indirectos, advertencias y movimientos sospechosos a su alrededor le hicieron temer por su seguridad. Incluso, habló de frases que interpreta como intimidaciones, lo que refuerza su versión de que existiría un intento por silenciarla.
Uno de los puntos más sensibles es que estas presiones no serían aisladas, sino parte de un contexto más amplio de disputas de poder dentro del Gobierno. En ese escenario, cualquier voz crítica podría convertirse en blanco de represalias, lo que, de ser cierto, plantea serias preocupaciones sobre las garantías internas para quienes denuncian irregularidades.
Además, sus afirmaciones toman mayor relevancia al mencionar posibles conexiones o acercamientos con el ELN, lo que eleva el nivel de gravedad del caso. Aunque no presentó pruebas públicas, la sola mención de este grupo armado en medio de supuestas amenazas genera inquietud en sectores políticos y ciudadanos.
