La protección ambiental de la Ciénaga de la Virgen volvió al centro de la discusión pública en Cartagena después de que el Tribunal Administrativo de Bolívar decretara medidas cautelares para prevenir nuevas afectaciones en este importante ecosistema. La decisión, adoptada mediante el Auto 222 del 7 de septiembre de 2026 y divulgada por la Procuraduría General de la Nación el 14 de septiembre, responde a las advertencias sobre nuevas ocupaciones ilegales, rellenos, tala de manglares y construcciones en zonas de bajamar. La medida busca fortalecer la vigilancia institucional y evitar que continúen intervenciones que puedan ocasionar daños ambientales difíciles de revertir.
El proceso tiene su origen en una acción popular promovida por la Personería Distrital de Cartagena, en la cual la Procuraduría intervino como coadyuvante y solicitó la adopción de medidas urgentes. Según el Ministerio Público, las afectaciones identificadas no corresponden únicamente a situaciones aisladas, sino a transformaciones progresivas del territorio que pueden comprometer la integridad de los ecosistemas. La Ciénaga de la Virgen cumple funciones ambientales importantes para Cartagena, entre ellas servir de hábitat para diversas especies, mantener áreas de manglar y contribuir a la regulación de los sistemas naturales de drenaje. Su conservación también está relacionada con la protección de las comunidades que habitan en sus alrededores.
En su decisión, el Tribunal encontró acreditada una amenaza ambiental actual relacionada con la continuidad de las ocupaciones, los rellenos y las intervenciones sobre el manglar. También advirtió que, aunque diferentes autoridades habían adelantado actuaciones para enfrentar el problema, estas no contaban con un esquema suficientemente articulado de coordinación, seguimiento y reacción. Por esa razón, ordenó al Distrito de Cartagena, Cardique y la Dirección General Marítima (Dimar) mantener y ejecutar acciones de prevención, vigilancia, inspección, control e investigación frente a nuevas afectaciones. La decisión incluye la protección de playas, cuerpos de agua, zonas de bajamar y demás áreas ambientalmente protegidas del margen derecho de La Boquilla.
Un aspecto relevante de la decisión es que la Procuraduría aclaró que las medidas no tienen como propósito promover desalojos masivos, sino establecer acciones urgentes de contención, coordinación institucional y protección ambiental. El cumplimiento de estas disposiciones será fundamental para evitar que las presiones urbanísticas y las intervenciones irregulares continúen deteriorando el ecosistema. El caso también plantea un desafío de largo plazo para Cartagena: encontrar mecanismos que permitan ordenar la ocupación del territorio, proteger los recursos naturales y atender las necesidades de las comunidades. La vigilancia sobre la Ciénaga de la Virgen será determinante para evaluar si las órdenes judiciales se traducen en resultados concretos.
