La Farmacia Blanca, situada en la emblemática calle de la Media Luna, se convirtió en un pilar fundamental de la comunidad, gracias a su propietario, un destacado químico farmacéutico graduado de la Universidad de Cartagena. Aunque no era médico, su reputación como un experto en la formulación de remedios lo llevó a ser considerado infalible por muchos. Entre sus creaciones se encontraban el jarabe “Concreto” para la tos, el expectorante Castilla, y un variado repertorio de tratamientos que incluían glicerina, mentol cristalizado, y árnica, entre otros. Tambien te puede interesar: ¿Cómo ganar dinero con BetWinners? Fundada en 1945 tras la adquisición de una sucursal de la farmacia Santa Teresita, Don Eduardo Castilla Pájaro rebautizó el establecimiento como Farmacia Blanca, un nombre que resonó durante más de seis décadas en la comunidad. Su profundo conocimiento y habilidad en la química farmacéutica lo convirtieron en un profesor querido en su alma mater, donde también se destacó como uno de los primeros estudiantes de la nueva carrera que apenas comenzaba en la universidad. Su fallecimiento a los 93 años marcó el fin de una era, pero su legado sigue vivo en la memoria de aquellos que se beneficiaron de sus remedios y en la admiración que generó en quienes conocieron su dedicación y pasión por la farmacia. La historia de la Farmacia Blanca es un testimonio de un tiempo en el que la ciencia y el arte de sanar se entrelazaban en cada frasco, dejando una huella en la comunidad. Fuente. El Getsemanicense

Un Juzgado de Cartagena declaró como culpable al Distrito por los perjuicios generados a una de las víctimas del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, en el año 2017. La sentencia señala que la decisión del juzgado está basada en la «falla en el servicio de inspección, vigilancia y control en la actividad constructora a nivel local». Tras la medida, el Distrito de Cartagena se verá obligado a indemnizar a la demandante con la suma de $143 millones por los perjuicios materiales generados. Durante la investigación, que surgió de la Procuraduría General de la Nación, se evidenció que la licencia del proyecto era falsa, lo que provocó que el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble fuese bloqueado. Por último, la jueza determinó que el valor de los daños ocasionados debe ser ajustado según el índice de precios al consumidor, con base a la fórmula indicada.