El miércoles 21 de agosto, un recluso del centro penitenciario de mediana seguridad en Ternera, Cartagena, fue asesinado por otro interno utilizando una tapa de alcantarilla. La víctima, identificada como Yovany Pérez De la Hoz, de 40 años, recibió un golpe contundente en la cabeza mientras dormía en su celda del patio 10. Pérez De la Hoz había ingresado a la prisión el 29 de julio tras ser capturado por la Policía Metropolitana por delitos relacionados con el tráfico, fabricación y porte ilegal de armas y munición. Según informes, el ataque se produjo mientras Pérez estaba en dormido. Fue atendido de urgencia en la enfermería del penal y posteriormente trasladado a la clínica Gestión Salud en el barrio San Fernando, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. El director del centro penitenciario, Villamizar, ha confirmado que se han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Fiscalía, la Alcaldía, entre otras, iniciarán la intervención para buscar los cuerpos de personas desaparecidas en el Cementerio de Albornoz tras el conflicto armado. Este proceso incluirá la participación de personas víctimas dentro de las acciones humanitarias de búsqueda, toma de ADN a familiares y cuerpos e intervención forense del cementerio. Acciones que permitirán los Planes Regionales de Búsqueda de Montes de María y Morrosquillo, Canal del Dique y norte de Bolívar. “Identificar a los desaparecidos devuelve dignidad a las víctimas y paz a sus familias. USAID apoya estas iniciativas que cumplen con el Acuerdo de Paz y fortalecen la confianza y la justicia. Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios en este esfuerzo”, expresó Michael Camilleri, director de USAID para el Caribe y América Latina. Documentación de la UBPD y la JEP apunta a que en el cementerio de Albornoz reposan cuerpos que necesitan ser sometidos a análisis forense para corroborar si corresponden a víctimas del conflicto. La investigación está relacionada con una medida cautelar de la JEP solicitada por organizaciones de víctimas como acción preventiva frente al Proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.