Este 26 de noviembre se llevó a cabo en el municipio de Pasacaballos, sector Medre Herlinda, en el centro de Excelencia para la primera infancia, la celebración por los avances en educación que buscan seguir transformando la ciudad. De la mano dé un colectivo de más de 36 empresas que hacen parte de este impacto, para hacer responsabilidad social para generar sostenibilidad en Cartagena y Bolívar. “Entregándole a la comunidad un centro con lo mejor que hay en educación inicial a nivel de Latinoamérica, para 200 niños, 200 familias y más de mil personas de todo el ecosistema que hay en el corregimiento de Pasacaballos” Mencionó, Liliana, cuello, Directora ejecutiva del colectivo Trasos. Impacto que también incluye a los padres en el fortalecimiento de hábitos de crianza, formación a gestantes y lactantes, mujeres embarazadas y la formación a 32 agentes educativas, encargadas de la atención en un promedio de 15 niños en primera infancia. Una población de un aproximado de mil personas que se están beneficiando en este centro de excelencia.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.