La polémica en torno al cobro de la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, que conecta las ciudades de Cartagena y Barranquilla, continúa creciendo. En las últimas horas, el abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, presentó una nueva demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) que regulan el cobro.
La demanda argumenta que las resoluciones infringen derechos constitucionales y exceden las facultades de la administración, imponiendo una carga económica desproporcionada a los habitantes de la región Caribe sin un análisis adecuado de su capacidad de pago. Ruiz señaló que esta medida afecta negativamente el bienestar y la estabilidad económica de los ciudadanos, al exigirles asumir costos sin que los beneficios sean proporcionales al impacto que se les obliga a asumir.
El cobro de valorización, que tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura vial en diez municipios de la región Caribe, no es un tema nuevo. Ya ha sido objeto de controversia en varias ocasiones, y diversos actores, como el Consejo Gremial de Bolívar, el Consejo Intergremial del Atlántico, y las Alcaldías de Cartagena y Barranquilla, también han interpuesto acciones judiciales para tumbar las resoluciones que permiten el cobro.
Por su parte, el Ministerio de Transporte ha defendido la legalidad de la medida, destacando que los recursos recaudados se destinarán a financiar nuevos proyectos viales en las ciudades beneficiadas, que incluyen a Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla y otros ocho municipios del Atlántico. El Ministerio argumenta que este mecanismo ha sido utilizado en varios proyectos nacionales desde su creación en 1921, y que es una herramienta válida para financiar el desarrollo de infraestructura, de la cual, según la cartera, se beneficiarán los municipios involucrados.
