Representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta tomó la decisión por participación en política del mandatario. Dudas sobre validez jurídica. Líderes políticos y analistas lo catalogan como una auto suspensión.
Noticia en desarrollo
Representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta tomó la decisión por participación en política del mandatario. Dudas sobre validez jurídica. Líderes políticos y analistas lo catalogan como una auto suspensión.
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El día de ayer, martes 20 de agosto, la bancada de la región Caribe y María Constanza García, ministra de Transporte, tuvieron una reunión para tratar la posible suspensión del cobro de valorización de la Vía Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. Uno de los acuerdos que se establecieron en la reunión es que el 100% del recaudo será destinado a la financiación de proyectos de la región Caribe. Así mismo, el próximo mes de septiembre se publicará y actualizará un censo predial, luego de la socialización del proyecto que tendrá lugar ese mismo mes.Por su parte, a su canal institucional en la plataforma de X, el Ministerio de Transporte anunció que el recaudo sobre esta vía en marzo de 2025. Se explicó que serán exentos de pago quienes estén incapacitados para hacerlo, entre los que se incluyen los propietarios de predios de estrato 1, 2 y 3 que se encuentran en estado de extrema y moderada pobreza, según el SISBÉN y predios de Unidades Agrícolas Familiares. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, el senador de la República, Mauricio Gómez, se retiró de la mesa técnica de diálogo establecida entre las bancadas y el Gobierno. Durante el encuentro, el congresista le preguntó a la ministra si se mantendría en su posición de mantener las fechas establecidas en el cronograma, por lo que al recibir el sí por parte de la ministra, se declaró «impedido» de continuar en la reunión. Además, comunicó que estudiaría con su equipo la posibilidad de establecer una nueva demanda contra el Estado, por lo que considera «un golpe al bolsillo de los caribeños».

¿Cómo nace la frase “desde septiembre se siente que viene diciembre”? La frase «desde septiembre se siente que viene diciembre» ha resonado en la cultura local colombiana, en la que este jingle, popularizado por la voz Mike Char, conocido por ser una de las voces que más suena en los estéreos de la cultura picotera, ha logrado convertirse en un símbolo de la anticipación navideña, dando aviso a que se va a formar el bembé. La historia detrás de esta frase inicia con motivos comerciales y fue en 1994, gracias a Andy Pérez y Rafael Páez, quienes trabajaban para Olímpica, que crearon la idea con la finalidad de buscar un jingle pegajoso que capturara la anticipación de la Navidad. ¿Como se ha arraigado en la cultura colombiana? En el Caribe colombiano, este fenómeno también ha tomado fuerza gracias a su vínculo con Los Bre, termino que hace referencia a la unión de los meses de septiembre, octubre noviembre y diciembre, puesto que durante este periodo, la ciudad se llena de festividades, eventos y decoraciones que preparan a los cartageneros para la Navidad como si se tratara de una ruta en la que cada fiesta es una parada. Internacionalización y reflexiones Incluso, esta frase ha roto barreras; una profesora que enseña español a estudiantes de habla inglesa, oriunda de Valledupar, la utiliza para enseñarles palabras y expresiones locales, facilitando su conexión con el idioma, en un video en Tiktok se hizo viral en otros países de habla hispana. Le puede interesar Profesora enseña clases de español en EE.UU. al ritmo de «desde septiembre se siente que viene diciembre». Sin lugar a dudas, cuando una frase se arraiga en un lugar durante años y las personas se sienten identificadas con ella, ya se habla de cultura, pues la expresión de la llegada anticipada de diciembre no solo refleja el deseo de celebrar, sino también el espíritu comunitario que une a los caribeños en torno a tradiciones y recuerdos compartidos. Siendo así, casi tres décadas después, «Desde septiembre se siente que viene diciembre» no es solo un jingle; es un reflejo de la identidad cultural colombiana, más que todo una expresión de cómo los ciudadanos se preparan para las festividades.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) emitió la Resolución No. 0000188 de 2023 y, posteriormente, la Resolución No. 000085 de 2024, mediante las cuales modificó y complementó la licencia ambiental otorgada a la Sociedad Fotovoltaico Yarumo S.A.S. para el desarrollo del proyecto «Parque Fotovoltaico Baranoa I 19,9 MW y línea de tensión de 110 kV» en el municipio de Baranoa, Atlántico. La Resolución 0000188 de 2023 modificó varios aspectos relevantes de la licencia original. En primer lugar, suprimió la prohibición que impedía realizar actividades de aprovechamiento forestal y remoción de coberturas vegetales, aunque mantuvo restricciones para algunas intervenciones de infraestructura sobre cuerpos de agua, como la ocupación de cauces en zonas específicas. Adicionalmente, autorizó el aprovechamiento forestal que implicaba la tala de 1.722 árboles, con un volumen total de 491,3 metros cúbicos, pertenecientes a diversas especies y coberturas de la tierra, en un área de 49,91 hectáreas. El acto administrativo también estableció condiciones estrictas para la ejecución de estas actividades, incluyendo la implementación de medidas de manejo ambiental, la prohibición de intervenir zonas no autorizadas y la obligación de ajustar el plan de compensación forestal en un plazo máximo de 90 días. Igualmente, fijó el pago por concepto de seguimiento ambiental en la suma de $13.222.464,58, así como las obligaciones de actualización anual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la disposición adecuada de residuos generados. Posteriormente, mediante la Resolución 000085 de 2024, la C.R.A. autorizó un nuevo aprovechamiento forestal complementario para el mismo proyecto, consistente en la tala de 19 individuos arbóreos ubicados en la zona de servidumbre de la línea de transmisión eléctrica de 110 kV. Esta intervención corresponde a especies como guayacán, trupillo, dividivi, carito, matarratón, campano, entre otras, con un volumen total de 8,86 metros cúbicos. Esta nueva autorización también quedó sujeta a estrictos condicionamientos, entre ellos la implementación de medidas de manejo ambiental previamente a la tala, la disposición adecuada de residuos vegetales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único, y la presentación de los respectivos informes de cumplimiento ambiental (ICA) ante la C.R.A. El aprovechamiento otorgado en 2024 estará vigente por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. El valor por concepto de seguimiento ambiental correspondiente a esta nueva intervención se fijó en $1.319.510,52, con instrucciones específicas sobre los plazos y modalidades de pago. De esta manera, la C.R.A. continúa ejerciendo el control y seguimiento al desarrollo del proyecto fotovoltaico, garantizando que las actividades de aprovechamiento forestal y de infraestructura se realicen bajo parámetros técnicos y ambientales que mitiguen los impactos sobre el ecosistema local, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 📄 Descargue o consulte las resoluciones completas aquí:

Incremento en las tarifas de peajes en Colombia

El Juzgado Doce Civil Municipal del Distrito Judicial de Cartagena de Indias exigió formalmente a Rodrigo de Gusmao Ribeiro, presidente de Claro, y a Alejandro Cantú Jiménez, su primer suplente, acatar el fallo de tutela emitido el pasado 20 de marzo de 2025, dentro de un proceso por el desorden del cableado en la ciudad. La orden judicial responde a un incidente de desacato presentado por el abogado Erick Urueta Benavides, quien lidera acciones legales para exigir soluciones definitivas a la problemática generada por los cables colgantes en postes de luz y telecomunicaciones. El juez ordenó a Claro dar cumplimiento inmediato y efectivo a lo dispuesto en el fallo, que exige respuestas claras, precisas y de fondo frente a la situación del cableado en Cartagena, en especial sobre los cables en desuso y el riesgo que representan para la seguridad pública. Mientras otras empresas como Afinia, ETB, Movistar, Tigo y Directv ya han dado respuesta a los requerimientos judiciales, Claro permanece pendiente de acatar lo ordenado, por lo que el juzgado reitera su obligación legal bajo riesgo de sanciones. El abogado Urueta afirmó que este fallo fortalece el proceso de exigencia de responsabilidad a las empresas prestadoras de servicios públicos y de telecomunicaciones. “No es solo un problema de seguridad, también es ambiental, estético y de dignidad urbana”, señaló. La comunidad y organizaciones civiles mantienen la presión, exigiendo medidas concretas para eliminar las llamadas “telarañas de cables” que afectan la imagen, la movilidad y la seguridad de Cartagena.
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