El día de hoy, 7 de diciembre, la Alcaldía de Cartagena hizo la entrega de calle en el barrio Blas de Lezo, la obra que comprende la carrera 69 entre las calles 24 y 23 da un mejor acceso a la calle que conecta con la cancha de sóftbol. Los 138 tramos lineales intervenidos, contaron con una inversión de 845 millones de pesos con el que se busca beneficiar a más de 1.200 personas, entre esos, los estudiantes de la Institución Educativa Jhon F. kennedy y deportistas que una el escenario deportivo de la cancha. “Estoy feliz de estar en este barrio, me da ha dado mucho afecto y apoyo siempre. Esta es una de muchas buenas noticias que tendremos para este barrio a lo largo de administración. Nuestro propósito es que podamos sacar a Cartagena adelante unidos”, manifestó el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz. Clara Pinedo, habitante de este Blas de Lezo agradeció a la administración por el arreglo de esta calle que comuníca a gran parte del sector perteneciente a la Localidad 3. La obra incluyó bocacalles, andenes y un pavimento de 22 centímetros de grosor, garantizando durabilidad. Además, este proyecto generó empleo para nueve trabajadores. 

El pasado jueves, 2 de enero, la contralora distrital, Ángela Cubides, ordenó una serie de allanamientos a varias dependencias de la Alcaldía de Cartagena ama paradas en la circulares N.014 del 24 y 015 del 30 de diciembre ejerciendo funciones de control fiscal previo, la cual el Distrito no aceptó ya que amparándose en la Constitución Política de Colombia, solo el contralor general tiene esas facultades.  Debido a ello, el Comité Central de Auditoría, envió un oficio a la Contralora Distrital con respecto al control fiscal que estaba tratando de ejercer en el cierre de vigencia del 2024, resaltando varias irregularidades halladas en la Ley colombiana.  “El control fiscal ejercido por la Contraloría Distrital no puede efectuarse de manera previa, modalidad proscrita por la Constitución Política. Ni siquiera cabe la excepcional figura del control preventivo y concomitante, para cuya operación se requiere de los presupuestos previstos en los artículos 54 y siguientes del Decreto 403 de 2020 y, que, además, es potestad exclusiva del Contralor General de la República. En sus Circulares 014 y 015, hace alusión a que validará la información para determinar de manera previa la situación fiscal del sujeto de control, actuación claramente irregular por la razón ya expuesta y por las que siguen a continuación”, reseñó el Comité en el documento. Por su parte, el Distrito, que el principio de nulidad no es absoluto de acuerdo con las disposiciones de la Ley 819 de 2003 y del Decreto 4836 de 2011, admite excepciones tales como las reservas presupuestales, las cuentas por pagar, las vigencias futuras (ordinarias o excepcionales) y los pasivos exigibles por vigencias expiradas. “Respecto de las dos primeras figuras, (reservas y cuentas por pagar), el Decreto 4836 de 2011 establece que deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de cada año. Es de resaltar que esta última norma, se recogió en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del distrito, por tratarse de una norma de orden nacional, aplicable sólo a ese nivel”, precisó el Distrito. Por ellos, la Administración Distrital le recriminó a la contralora Cubides: “Las actuaciones del órgano de control a su cargo, según lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales – ISSAI – GAT Versión 4.0, aplicable a la Contraloría Distrital, deben estar previstas en el Plan de Vigilancia fiscal territorial y no tenemos conocimiento de su aprobación y posterior publicación en la página web oficial de la entidad que usted representa”. En suma, el Distrito instó a la Contraloría Distrital que, aunado a lo anterior, la proximidad de la rendición electrónica de cuentas a cargo de todos los sujetos de control le permitirá al órgano de control ejercer sus funciones dentro del marco constitucional y legal.