El Senado de la República, aprobó en último debate el proyecto que elimina el matrimonio infantil y las uniones tempranas con niños, niñas y adolescentes. Una práctica que ha afectado a miles de menores en zonas rurales e indígenas de Colombia. Este proyecto, apoyado por diversas organizaciones sociales y de la comunidad internacional, busca erradicar un fenómeno que contribuye a los ciclos de pobreza y violencia que afecta la integridad de los jóvenes en el país. «¡Hoy hicimos historia para la niñez de Colombia! Gracias a cada una de las personas que nos acompañaron, el Congreso aprobó el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil. Esto es un triunfo de todas y todos”, expresó en su cuenta de X la representante Jennifer Pedraza, una de las congresistas que lideró el proyecto. Hasta ahora, la normativa en Colombia permitía esta clase de vínculos que permitían la unión matrimonial de menores a edades tempranas, un aspecto que, según especialistas, limita las oportunidades de desarrollo personal, educativo y laboral. A la espera que el presiente de la República, Gustavo Petro, sancione este proyecto, Colombia se suma a los países del mundo han erradicado el matrimonio infantil, consigna que se encuentra respaldada por las Naciones Unidas en su Agenda 2030 con miras al desarrollo sostenible.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.