La Corte Constitucional anuló este jueves una sentencia que obligaba a la Universidad de Cartagena a devolver más de $50.000 millones a Ecopetrol, correspondientes a una estampilla que fue recaudada en el año 2006. El fallo, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, pone fin a un proceso judicial que había mantenido en vilo la estabilidad financiera de la institución educativa. El litigio se originó cuando Ecopetrol solicitó el reembolso de esos recursos, alegando irregularidades en el cobro de la estampilla. Sin embargo, la Corte determinó que el caso presentaba aspectos constitucionales relevantes, entre ellos la protección del debido proceso, la defensa, la seguridad jurídica y la confianza legítima, principios fundamentales que se vieron comprometidos en el desarrollo de la disputa. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró el fallo judicial, destacando la importancia de la decisión para los estudiantes de la región. “Estamos complacidos por esta sentencia ajustada a derecho, que defiende el presente y el futuro de miles de estudiantes de Cartagena, Bolívar y de todo el Caribe”, expresó. Por su parte, el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún, calificó la resolución como “la mejor noticia” para el claustro universitario. “Le hemos cumplido a los estudiantes con la defensa de la institución, que es un patrimonio de todos, pero sobre todo, de los jóvenes de Bolívar y de la Costa Caribe”, agregó. La sentencia de la Corte Constitucional subraya que el proceso estuvo marcado por una indebida valoración probatoria y por la posible existencia de decisiones ejecutoriadas que ya habían determinado el destino de los recursos. De esta manera, la universidad no tendrá que hacer el pago solicitado por Ecopetrol, lo que garantiza la continuidad de sus proyectos académicos y sociales sin el peso de la millonaria deuda.

La Universidad de San Buenaventura Cartagena presenta su Maestría en Derecho, un programa diseñado para formar abogados con valores éticos y una visión humana. Esta maestría busca resolver problemas legales y sociales, combinando conocimientos científicos con una enseñanza enfocada en las necesidades actuales, tanto a nivel local como internacional. El plan de estudios incluye seminarios que promueven el aprendizaje independiente y se enfoca en áreas clave como el Derecho Laboral y los Derechos Humanos. Además, ofrece horarios flexibles y cuenta con una plataforma virtual de calidad, ideal para quienes viven fuera de la ciudad. Este programa también enseña a los estudiantes a investigar y proponer soluciones a los problemas legales de manera crítica y responsable. Todo esto se desarrolla dentro de un enfoque ético y social, siguiendo los valores del humanismo franciscano.