Previo a la reapertura de la Plaza de Toros el pasado 21 de junio, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ya había manifestado que este escenario no sería utilizado nuevamente para realizar eventos taurinos. Ante esta decisión, Joselillo de Colombia, un torero experimentado a nivel nacional, junto al gremio de taurinos, propusieron la posibilidad de retomar las corridas de toros con la diferencia que en esta nueva práctica no terminarían matando al animal. «Traigo una propuesta para que todos estemos de acuerdo y podamos expresar nuestras opiniones. Están todas las figuras del toreo dispuestas a venir a Cartagena para apoyar esta fiesta. Quiero que la plaza sea un lugar para todos, una casa de todos. Mi propuesta es organizar tres festejos el 3, 4 y 5 de enero del 2025. Ya hemos avanzado en todos los aspectos desde mayo, esperando la respuesta para iniciar la promoción», aseguró el colombiano. Ante esta propuesta, el Distrito de Cartagena se habría manifestado reacio a valorar la posibilidad de retomar las corridas de toros en la Plaza de Toros. Asegurando que «nunca ha habido negociaciones ni intenciones de analizar en cualquier área que sea vitolaria a la ley». Cabe recordar que el pasado 22 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la ley ‘No más Olé’, la cual prohíbe las corridas de toros en Colombia y las prácticas de rejoneo, novilladas, bencerradas y tientas.

Tres exfuncionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena han allanado su responsabilidad en el caso de peculado por apropiación. Los implicados son Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, y los abogados contratistas Jorge Blell Cervantes y Ana Alicia Martelo del Río. La investigación les atribuye la pérdida de 24 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados a manos privadas. Los exfuncionarios, quienes ingresaron a la administración distrital en 2018 durante el breve mandato de Antonio Quinto Guerra, permanecieron en sus cargos bajo la administración de Yolanda Wong y fueron mantenidos por Pedrito Pereira como cuotas inamovibles de una casa política de la ciudad. Según la Fiscalía, Blell y Martelo habrían utilizado títulos de depósito judicial, emitidos por el Banco Agrario, para desviar los recursos del distrito, actuando bajo la falsa premisa de representar legalmente al gobierno local. El dinero desviado nunca se registró en el fondo destinado a títulos judiciales de la Fiduprevisora, como era requerido. La Fiscalía ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento intramural para Carrillo y Martelo, quienes se encuentran en el proceso de audiencia. Los delitos en cuestión ocurrieron entre 2018 y 2019, y se sospecha que los acusados aprovecharon sus posiciones para desviar sumas millonarias destinadas al bienestar público.