Ante la protesta masiva de conductores del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena, el alcalde, Dumek Turbay, aseguró que el próximo miércoles 18 de septiembre se reunirá con ellos para abordar sus solicitudes. Asimismo, el mandatario señaló que frente a la disposición del gobierno distrital por escuchar sus quejas, solicitó a los conductores que levanten los bloqueos desarrollados en el carril de Solo Bus y diferentes avenidas de la ciudad. En desarrollo.

El Distrito de Cartagena ha reiterado su intención de reubicar del mercado de Bazurto, uno de los principales centros de comercio de la ciudad, con el objetivo de convertirlo en una moderna central de abastos, este proyecto se llevará a cabo a través de una alianza público-privada que busca mejorar las condiciones de infraestructura, salubridad y seguridad del comercio en la ciudad. Según la Alcaldía de Cartagena, el plan contará con la colaboración de la Cámara de Comercio Cartagena y diversas asociaciones gremiales, el cual incluye la identificación de terrenos baldíos en zonas periféricas de la ciudad, que serán proporcionados por el Distrito o el Gobierno Nacional y los terrenos serán equipados con infraestructura básica como vías de acceso, sistemas de agua, electricidad y alcantarillado. Mientras tanto, el sector privado será responsable de la construcción de los nuevos locales comerciales, bodegas y galpones que conformarán la central de abastos. Este modelo permitirá una descentralización del comercio en Cartagena, con la creación de dos o tres mercados sectoriales adicionales en puntos estratégicos de la ciudad, distribuidos en las tres localidades. Además, el proyecto contempla la recuperación de la ciénaga de Las Quintas, donde se construirá una nueva zona turística con un muelle moderno y sostenible que conectará el centro de Cartagena con la zona insular. Aunque aún no se ha definido una fecha exacta para el inicio del traslado, las autoridades han señalado que el proyecto avanza con firmeza y podría marcar un antes y un después en la dinámica comercial y turística de Cartagena.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en colaboración con la Aeronáutica Civil, abrió una convocatoria para formar bomberos aeronáuticos en Cartagena. El programa tendrá una duración de seis meses y será presencial, enfocado en reforzar la seguridad aeroportuaria. Dentro de los requisitos destacan ser mayor de 18 años, tener un nivel de inglés A2 certificado, licencia de conducción C2 o B2, y formación mínima como bachiller, técnico, tecnólogo o profesional.  En ese sentido, Carlos Cuartas, gerente de OINAC, expresó: «nos unimos para realizar esta convocatoria, no solo para ser parte del desarrollo del talento humano en Colombia, sino también para continuar con nuestra misión de impactar positivamente a las comunidades». Siendo así, los seleccionados que completen el curso podrán aplicar a vacantes como bomberos aeronáuticos en la terminal aérea, demostrando el impacto positivo de esta iniciativa en la región. Los interesados deben enviar su hoja de vida al correo hojasdevida@oinac.com.co para participar en el proceso de preselección gratuito.

Atención: la Brigada Especializada en Control de Pérdidas y Fraudes de Aguas de Cartagena detectó hurto en su más reciente operativo y anuló conexiones irregulares en más de 15 predios ubicados en la entrada del conjunto residencial Terrazas de Calicanto, que incluían viviendas construidas y habitadas, así como otras en proceso de construcción. De acuerdo con la empresa, estas conexiones ilegales generaron una defraudación de 29.700 m³ de agua, lo que equivale a $85.631.172. Así mismo, detectaron un lavadero ilegal en La Consolata donde una conexión ilegal permitió el uso no autorizado del servicio. La inspección reveló una defraudación de 712 m³ de agua, equivalente a $3.307.120. Aguas de Cartagena condena estas prácticas y advierte que adoptará las medidas legales correspondientes para sancionar a los responsables. La defraudación de fluidos es un delito que puede conllevar penas entre 16 y 72 meses de prisión, además de multas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes, según el Código Penal colombiano.