Por: Ronal García.
La justicia transicional una justicia imperfecta para tiempos imperfectos.
Pablo de Greiff.
A pesar que la JEP fue una justicia planteada para el juzgamiento de los actores del conflicto armado en la negociación entre la guerrilla de las FARC y el GOBIERNO NACIONAL, el funcionamiento de la misma está en vilo precisamente por un tema netamente político.
Al inicio del año 2005 el país estaba en un proceso legislado de “transición”. Es por esto, que por medio de la ley 975 del 2005 los paramilitares se reincorporaban a la vida civil, sin embargo, fue la corte constitucional la que amplió el espectro e incluyó que dicha ley también facultara la reincorporación de todos los grupos armados al margen de la ley.
Por su parte, las víctimas no tuvieron el papel primordial en los componentes de justicia, verdad y reparación, más bien fue una justicia de corte mordaz a favor de los victimarios, no era para más.
En una entrevista hecha a Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” por Mauricio Romero y León Valencia en Marzo de 2005, decía Báez que a lo largo de 1999 y en los años posteriores la cúpula de las autodefensas empezó a reunirse con dirigentes políticos regionales, narcotraficantes, empresarios, algunos militares y que acudían a todos los anteriores para buscar colaboración en función de establecer fuerzas paramilitares en múltiples sitios del país. Aportaban dinero, armas o contactos en las regiones.
El argumento que esgrimían era el miedo, puesto que el fin era establecer un pacto definitivo entre el gobierno de Pastrana y las FARC. Todos los sectores se sentían amenazados por estas negociaciones. De hecho, las alianzas entre políticos y paramilitares fueron tan grandes que para el 2006 el legislativo vivía tal vez una de las crisis más grandes en la historia del país.
Las diferentes órdenes de captura emitidas por la Corte Suprema mantenían en una constante inactividad al aparato legislativo generando que muchos congresistas quedaran al descubierto aún cuando habían asegurado su curul haciendo acuerdos con paramilitares.
Para el año de 2008, la mayoría de comandantes paramilitares fueron extraditados a EE.UU por el delito de narcotráfico, sin contar la verdad a las víctimas. El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera acordado en el 2016 entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, trajo consigo los lineamientos de las Naciones Unidas para los componentes de justica, verdad, reparación y garantía de no repetición.
Asimismo, las solicitudes que acoge la JEP de los procesados en la justicia ordinaria por parapolítica, es lo que tiene hoy en vilo la puesta en marcha de la jurisdicción especial para la paz.
El miedo a que se cuente la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado ha sido un obstáculo para el efectivo funcionamiento de la JEP, porque de no ser así, dicha jurisdicción podría dejar desbancado al partido mayoritario en el Congreso.
En suma, la clase política en Colombia ha tenido una gran injerencia en el escalonamiento del conflicto armado, mientras esta siga inmunizando la justicia no lograremos un país en paz.
