El Cemento Verde de Argos celebra su quinto aniversario con cifras que consolidan su impacto en la industria y el medio ambiente. En 2024, la compañía vendió más de 2,7 millones de toneladas de este producto en Colombia, representando más del 70 % de sus ventas totales en el país. La implementación de arcillas calcinadas en su Planta Rioclaro y el uso de escoria en Sogamoso y Cartagena han sido clave en la reducción de la huella de carbono del cemento, sin comprometer su calidad y resistencia. Desde su lanzamiento en 2020, Cemento Verde ha permitido mitigar la emisión de millones de kilogramos de CO2. Solo en 2024, la venta de Cemento de Uso General evitó la liberación de más de 402 millones de kilogramos de dióxido de carbono, el equivalente a retirar más de 86.000 vehículos de circulación. Por su parte, el Cemento Estructural Max logró una reducción adicional de 179 millones de kilogramos de CO2, comparable al consumo eléctrico de 1,1 millones de viviendas en un año. A pesar de los retos iniciales, como la percepción errónea sobre su color, la apuesta de Argos por un cemento más sostenible ha sido un éxito. “Hoy somos considerados pioneros y un referente mundial en la industria de materiales de la construcción por incursionar en el desarrollo de productos más sostenibles y eficientes”, destacó Claudia Ochoa, gerente de Sostenibilidad de Argos en Colombia. De cara al futuro, la compañía proyecta superar los 2,5 millones de toneladas de arcillas calcinadas utilizadas para 2030, reafirmando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Recientemente, resurgió en la esfera política una propuesta que, aunque puede parecer innovadora, encierra riesgos profundos para la unidad del departamento de Bolívar. Durante los primeros días del gobierno del presidente Petro, se mencionó la idea de crear un nuevo departamento compuesto por municipios del Zode Magdalena Medio Bolivarense: Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales y Arenal. Esta iniciativa, que permaneció en silencio, ha sido revivida por una congresista, quien propone añadir otros municipios como El Peñón, San Martín de Loba, Barranco de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario, Norosí, Regidor, Tiquisio y Río Viejo, con Aguachica como capital. ¿Es realmente necesario fragmentar lo que debe permanecer unido? En medio del conflicto y la disputa territorial que se vive en el sur de Bolívar, la respuesta es clara. La unidad no es solo un ideal abstracto; es una necesidad urgente para asegurar una gobernanza territorial eficaz. Separar estos municipios, muchos de los cuales carecen de una identidad sociológica compartida con la supuesta nueva entidad territorial, es un error que solo agravaría las tensiones existentes. No se puede ignorar, además, el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la calidad de vida en el sur de Bolívar. Las inversiones del departamento en estas comunidades son prueba de un compromiso que no debe ser subestimado por discursos separatistas que, en el fondo, parecen más impulsados por intereses electorales y populistas que por un genuino interés en el bienestar de la población. El Plan de Desarrollo “Bolívar me Enamora”, presentado por el gobernador Yamil Arana, es una hoja de ruta seria que busca conectar el departamento de norte a sur, no solo a través de infraestructura, sino también mediante inversiones sociales clave para reducir la pobreza. Esta propuesta es no solo lógica, sino necesaria, y cualquier intento de fragmentación sería un retroceso en los avances logrados hasta ahora. Es crucial entender que la creación de un nuevo departamento no es simplemente una cuestión administrativa; es un movimiento con profundas implicaciones políticas y sociales. La idea de separar municipios bajo el pretexto de una supuesta mejor administración territorial es, en realidad, un juego peligroso que oculta fines electoralistas. Es una maniobra diseñada para desviar la atención de la falta de resultados del gobierno nacional, utilizando como peones a las comunidades más vulnerables. Columna escrita por Alonso J. del Río Jiménez. No representa conceptos, posturas ni opiniones del periódico.

La Alcaldía Local 1 y la Secretaría del Interior, en coordinación con Espacio Público, DATT, la Policía Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social y el consorcio de aseo Pacaribe, realizaron una jornada de limpieza y recuperación del espacio público en los bajos del Puente Heredia, punto conocido como “Puente Caído”. Durante la intervención, se retiraron 70 toneladas de basura y escombros, además de brindar atención institucional a 50 habitantes de calle, quienes fueron invitados a la Casa Refugio Segundas Oportunidades, donde pueden acceder a alimentación, alojamiento temporal y apoyo psicosocial. El alcalde de la Localidad 1, Frank Ricaurte, señaló que estas acciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y salubridad en la zona, además de promover el uso adecuado del espacio público. La administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir en la conservación del área y evitar la acumulación de desechos.

En menos de treinta y seis horas, el barrio 13 de Junio ha registrado dos homicidios, siendo el más reciente el 13 de septiembre. Alrededor de las 5:40 a.m., un hombre apodado ‘el Perilla’ fue asesinado por dos motorizados sin mediar palabras en la calle La Ceiba, mientras se dirigía a su casa cerca de El Reposo. A este homicidio, se le suma el asesinato de Amparo Mendoza Aguilar, quien mientras respondía una llamada cerca de su casa, recibió dos balazos y posteriormente falleció en el Hospital Universitario del Caribe. Por su parte, la policía capturó al presunto asesino de la mujer en un operativo rápido, del mismo modo, desmintió los rumores sobre el posible estado de embarazo de Mendoza Aguilar. Asimismo, el cuerpo de ‘el Perilla’ fue llevado a medicina legal para su respectiva investigación. Así, con este hecho reciente, la comunidad del barrio 13 de Junio sigue preocupada por estos acontecimientos de violencia y aclama más control por parte de las autoridades.