El secretario de Educación, Alberto Martínez confirmó la intoxicación de una estudiante de la Institución educativa Normal Superior de Cartagena. Según indica Martínez, la estudiante llevó un frasco con un contenido de tez transparente que fue ingerido vía oral y nasal por las estudiantes, lo que resultó en una intoxicación masiva. Al día de hoy, las estudiantes, se encuentran fuera de peligro después de presentar cólicos, dolor abdominal, malestar estomacal y otros síntomas. «Al rector le informaron que una estudiante que tiene problemas de disciplina, llevó una sustancia y que se lo dio a beber o a consumir y se produjo la intoxicación», indicó Martinez Este caso es objeto de estudio por parte de esta secretaría. Ya se le realizaron los exámenes pertinentes a cada estudiante para dictaminar cual fue la razón real que perjudicó la salud de las estudiantes. Al día de hoy, las estudiantes, se encuentran fuera de peligro después de presentar cólicos, dolor abdominal, malestar estomacal y otros síntomas. «Al rector le informaron que una estudiante que tiene problemas de disciplina, llevó una sustancia y que se lo dio a beber o a consumir y se produjo la intoxicación», indicó Martinez Este caso es objeto de estudio por parte de esta secretaría. Ya se le realizaron los exámenes pertinentes a cada estudiante para dictaminar cual fue la razón real que perjudicó la salud de las estudiantes.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.