La investigación fue realizada por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena, quien descubrió posibles actos de corrupción en el segundo semestre de 2016 por parte del expresidente del consejo de Cartagena, seis exfuncionarios y un servidor público.
Se trata de los exfuncionarios: Javier Cure, expresidente del concejo distrital; Emilio Valencia, exdirector financiero; Felipe Santos, exdirector jurídico; Roberto Barbosa, exdirector administrativo; Rocío del Pilar López, exdirectora de control interno; Domingo Román, exdirector de la Oficina Comunal y Aroldo Coneo, exsecretario general. De igual forma, fue asegurada la actual directora de protocolo de la corporación, Rosa Amelia Macías Sejuanes.
De esta forma, los procesados habrían aprovechado sus cargos para suscribir irregularmente 88 contratos de prestación de servicios profesionales, dejando afectaciones de 400 millones de pesos en la hacienda pública.
Afectaciones en las finanzas públicas
Cabe mencionar que los montos de dichos contratos se realizaron por distintos valores y tiempo que oscilaban entre uno a cuatro meses, por sumas que variaban desde el $1.500.000, $3.500.000, $9.000.000 y $12.000.000.
En las acusaciones, se evidencian que varios de los contratistas que aparecían firmando documentos oficiales, no existían; muchas de las labores contratadas figuran como recibidas, aunque no se cumplieron. Asimismo, anexaron informes y certificaciones falsas, al igual que cobros reportados sobrepasaban los costos estipulados.
A su vez, la Fiscalía imputó a los procesados, según sus posibles responsabilidades individuales, delitos como: concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado; cargos que no fueron aceptados.
