Samuel Pérez Herrera, vigilante con 12 años de servicio en la Unidad Nacional de Protección (UNP), se encadenó el día de ayer 9 de diciembre en las oficinas de la empresa SOS en Cartagena, denunciando haber sido despedido de manera injustificada, señalando que su desvinculación está basada en acusaciones falsas relacionadas con unas fotografías publicadas en su estado de WhatsApp. Según el vigilante, las imágenes mostraban a sus hijos manipulando armas durante un curso en una academia privada, pero la empresa argumentó que se trataban de armas pertenecientes a la dotación de la UNP bajo su cargo. «Dijeron que eran armas de la UNP, algo totalmente falso. Presenté pruebas de que eran de una academia privada, pero nadie quiere asumir la responsabilidad», explicó Pérez. El caso ha generado controversia, ya que Pérez asegura contar con fuero sindical, lo que impediría un despido sin autorización judicial, sin embargo, afirma que la empresa SOS lo mantiene sin asignación laboral y con un salario básico mientras su caso permanece en el limbo. “Esto no es solo conmigo; muchos compañeros han pasado por lo mismo. Algunos han tenido que librar largas batallas legales para ser reintegrados, pero las injusticias continúan”, comentó el vigilante, quien también denunció persecuciones laborales en la UNP durante los últimos cuatro años. En su protesta, Pérez exigió una respuesta clara por parte del director de la UNP,  y asegura que su objetivo, es ser reintegrado a su trabajo y garantizar el respeto a los derechos laborales. “La huelga la mantendré hasta que definan mi situación. No estoy pidiendo nada fuera de la ley, solo que se respeten mis derechos como trabajador”, concluyó Samuel Pérez.

A principios de los años 90, Cartagena vivió el nacimiento de un ambicioso proyecto de entretenimiento que prometía convertirse en el epicentro de la diversión familiar en la región, en 1991 comenzó la construcción de ‘Acuarama’, un parque acuático localizado en Bocagrande en la  esquina de la Sexta con la avenida La Playa. Con una inversión considerable fue construido con tecnología comparable con los parques más modernos de Estados Unidos, como los de Atlanta, Acuarama abrió oficialmente sus puertas en 1994, sus principales atracciones, los toboganes de alta velocidad y piscinas de gran capacidad, cautivaron rápidamente a locales y turistas. Desde su inauguración, la entrada general costaba $10,000 pesos por persona, un precio accesible para la época, con descuentos especiales para familias, rápidamente el parque se convirtió en un lugar ideal para pasar el día entero, con horarios que iban desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Además, Acuarama era más que solo un parque acuático; en sus primeras temporadas organizaba presentaciones de orquestas, grupos de vallenato y otros espectáculos en vivo, lo que lo consolidó como un espacio cultural y de entretenimiento. Sin embargo, la historia de Acuarama fue breve, detrás de su éxito inicial, comenzaron a surgir problemas de gestión, la mala administración a cargo de su propietario, fue deteriorando la infraestructura y afectando la calidad de los servicios y para 1996, apenas dos años después de su apertura, el parque entraba en una inevitable decadencia, las promociones agresivas y el alquiler de las instalaciones para fiestas privadas no lograron revertir la situación financiera. Finalmente, Acuarama cerró sus puertas alrededor de 1998, después de cuatro años de funcionamiento. La esquina donde se encontraba el parque acuático hoy permanece vacía, pero  quienes pasan por el lugar no dejan de recordar aquel parque que tenia piscinas y toboganes.

El día de hoy, martes 26 de noviembre, la Gobernación de Bolívar, a través de su Secretaría del Interior, llevó a cabo la ‘Gran jornada de acceso a la justicia en Pontezuela’, corregimiento de Cartagena. Durante la jornada, el secretario de esta dependencia, Javier Doria, junto a la viceministra de Justicia, Helen Ortiz, declaró que esta estrategia busca llevar como mayor facilidad los mecanismos de defensa de forma más fácil para los habitantes de este territorio. Por su parte, Ortiz agregó que desde la cartera de Justicia y Derecho se están desarrollando distintos programas de forma articulada con la Gobernación de Bolívar para seguir llegando a más municipios. La emisaria del Gobierno también explicó que en el territorio se están llevando a cabo estrategias como ‘Entornos protectores’, un trabajo mancomunado que se realiza de la mano con instituciones, agremiaciones sociales y comunidades para erradicar problemáticas como la violencia basada en el género.