Los alcaldes de Cartagena, Dumek Turbay, y de Barranquilla, Alejandro Char, han unido esfuerzos en la lucha contra el cobro de valorización a predios ubicados a lo largo de la Vía del Mar, la carretera que conecta ambas ciudades, esta medida forma parte de una demanda liderada por el senador Mauricio Gómez y respaldada por los Concejos de Cartagena y Barranquilla, además de ciudadanos afectados. Ambos mandatarios han solicitado a la Corte Constitucional tumbar esta medida, que consideran injusta para los ciudadanos de los departamentos de Bolívar y Atlántico. La propuesta de valorización, liderada por el Instituto Nacional de Vías (Invías), afectaría a más de 143.000 predios en ambos departamentos, y su implementación está contenida en el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023. Según los opositores de esta medida, la valorización generaría un impacto económico de 2.4 billones de pesos, lo que podría tener graves consecuencias para los propietarios de terrenos en municipios como Cartagena, Barranquilla, Soledad, Malambo, Bocagrande, Manga y El Laguito, entre otros. El respaldo de los dos alcaldes a la demanda ha sido crucial, ya que ambos firmaron la coadyuvancia a la acción constitucional liderada por el senador Gómez, quien agradeció públicamente el apoyo de Char y Turbay, así como el de casi 5,000 ciudadanos que ya han firmado a favor de la causa.

El pasado 15 de noviembre, un fallo del Juzgado 13 Administrativo de Cartagena autorizó al Distrito intervenir directamente en 58 casas en estado de deterioro en el Centro Histórico de la ciudad, luego de una acción popular interpuesta por el alcalde Dumek Turbay tras casos de colapso que se presentaron durante el 2024. El mandatario, a través del Decreto 1975 del 30 de diciembre de 2024, delegó facultades a la Dirección de Control Urbano para ordenar intervenciones de primeros auxilios en balcones, tejados y fachadas de los inmuebles. Por su parte, la Dirección de Control Urbano inició una jornada de intervenciones en 21 de 58 inmuebles en riesgo. Con todo lo anterior y con el Decreto 1975 se estableció cómo se interviene y cómo se le va a cobrar a los propietarios todas las obras que el Distrito realice tras la medida preventiva que ha conseguido el juez, según explicó Emilio Molina. La Secretaría de Hacienda, por medio de la Tesorería Distrital, será la dependencia que realice el cobro coactivo de las intervenciones correspondientes, y así recuperar los costos asociados a las obras. Hacienda para activar el cobro debe recibir un informe detallado de Apoyo Logístico sobre las obras de primeros auxilios, y mediante acto administrativo se determinará la obligación de pago del propietario o poseedor del inmueble intervenido.