Por medio de la Resolución 3856 del 26 de agosto de 2024, el Instituto Nacional de Vías, dio a conocer el área de influencia para el cobro de valorización de la Vía al Mar, carretera que comunica a Cartagena con Barranquilla. Estableció que 10 poblaciones estarán sujetas al cobro. Las cuales incluye el departamento de Bolívar que son Cartagena y Santa Catalina, Atlántico: Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará. El área de influencia del cobro de valorización según la resolución es la siguiente: “por el sur y el occidente con el Mar Caribe en el sector de Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga, por el oriente recorre aproximadamente 0,9 kilómetros por la diagonal 22 (avenida Crisanto Luque) hasta encontrar la Avenida Pedro de Heredia, continúa su extensión por la mencionada avenida hasta el Paseo Bolívar, vía con la cual continúa la delimitación hasta encontrar la Avenida Santander. La delimitación por el oriente continúa encontrando el Mar Caribe, continúa por el costado oriental adentrándose al municipio hasta encontrar el municipio de Santa Catalina”. Zona de influencia que abarca 24.128 hectáreas, y un total de 66.303 predios pagarían valorización en la capital de bolívar, de los cuales 51.200 son habitacionales, 10.226 comerciales y 2.156 agrícolas. Quedarán exentos de la valorización los que no tienen capacidad de pago, propietarios de predios en pobreza extrema o moderada, según el SISBÉN.

Durante la segunda jornada del Décimo Congreso Empresarial Colombiano, CEC 2025, de la ANDI, el presidente de la Asociación, Bruce Mac Master, hizo un llamado a robustecer la construcción de país de cara al futuro. El dirigente gremial inicio su presentación hablando sobre el contexto internacional y los desafíos que tiene Colombia para el mundo. Algunas de las cifras que destacó son las de exportaciones que llegan a un USD $14.900 millones hacia Estados Unidos, recalcando la importancia de esta relación comercial. Luego, en el contexto nacional, ubicó a Colombia en esta realidad, y señaló que, a lo largo de los años, el país ha sido una economía líder en la región, respaldada por una política macroeconómica prudente y confiable, con avances en la institucionalidad y con crecimientos moderados pero continuos. “Sin embargo, tenemos grandes retos sociales y desafíos para la competitividad. Pero, sobre todo, tenemos el compromiso de construir nuestro futuro”, comenta Mac Master. Por eso, en su intervención, el líder gremial remarcó que es de suma importancia estructurar una senda de crecimiento de largo plazo y re estabilizar el país en temas como la salud, las finanzas públicas, las relaciones internacionales, la seguridad energética y la seguridad. “Colombia tiene una oportunidad de hacer las cosas bien y en particular el sector productivo ha sido muy férreo en ello”, preciso Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. En materia de mercado laboral, el dirigente gremial, preciso sobre la situación compleja de la informalidad en el país .“Es el elefante de la sala, porque genera una gran cantidad de problemas por la falta de derechos y la falta de oportunidades para todos. Colombia tiene un reto inmenso de bajar el desempleo, pero igualmente la informalidad. De cada diez trabajadores, siete son informales”, añadió. En la instalación de este segundo día del Congreso Empresarial Colombiano- CEC, también estuvo Sergio Díaz-Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, CAF, quien aseguró que, mirando hacia el futuro, en la región también hay oportunidades en varios sectores, como el agropecuario, en ecosistemas de biodiversidad y transición energética. «Queremos ser un aliado del sector empresarial en América Latina y el Caribe. Hemos apalancado más de 7.500 millones de dólares en el sector privado», dijo el presidente de CAF. Precisamente, de cara a atender estos retos, Díaz-Granados remarcó que el objetivo de la institución es acercarse cada vez más a los gobiernos regionales y al mismo tiempo atraer más recursos para los proyectos. «Nuestro reto en la región está en trabajar más de cerca con los Gobiernos. Tenemos que colaborar especialmente en autonomía tributaria», dijo el funcionario. Durante la mañana, igualmente estuvieron presentes el Procurador General de la Nación quien hizo un llamada la unidad nacional; y el Registrador Nacional quien comento la importancia de la integridad electoral, de la independencia y autonomía de la autoridad electoral en el país.  

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha suspendido varios de sus programas clave en Colombia, afectando directamente iniciativas de paz y seguridad en el país. Esta decisión ha generado una gran preocupación sobre el futuro de proyectos vitales que han estado financiados por la agencia durante años, especialmente aquellos enfocados en la implementación del acuerdo de paz con las FARC y en la lucha contra el narcotráfico. La suspensión de los fondos de USAID se ha producido en el contexto de una reevaluación de las políticas de cooperación por parte del gobierno de los Estados Unidos. A pesar de los logros obtenidos en años recientes, como la disminución de cultivos ilícitos y avances en la reintegración de excombatientes, USAID ha decidido centrarse en nuevas prioridades internacionales, lo que ha derivado en una reducción drástica de la ayuda asignada a Colombia. Esta decisión también responde a la reestructuración interna de la agencia y los cortes presupuestarios impulsados por las políticas del gobierno estadounidense en cuanto a la asignación de recursos para la cooperación exterior. La suspensión de estos fondos ha generado fuertes críticas tanto en Colombia como en Estados Unidos. Líderes de ONGs y organizaciones de derechos humanos califican esta medida de “irresponsable”, advirtiendo sobre las graves consecuencias para las comunidades vulnerables. Se teme que la falta de financiación intensifique los problemas de violencia y el narcotráfico en Colombia, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado. El gobierno colombiano enfrenta ahora el desafío de buscar alternativas para financiar estos programas y mitigar los efectos de la suspensión de USAID. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando soluciones urgentes que garanticen la continuidad de los proyectos esenciales para su desarrollo, seguridad y bienestar. USAID había invertido alrededor de $453 millones anuales en Colombia en programas de desarrollo, paz y seguridad. Este apoyo representaba una parte fundamental de los esfuerzos para la implementación del acuerdo de paz, la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento institucional en las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico.