Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, pidió al Gobierno nacional que el proyecto del Canal del Dique sea tema central en la COP16, actualmente en desarrollo en Cali. Para Cepeda, los retrasos en el licenciamiento ambiental han impedido el inicio de la construcción, que ahora se prevé para 2027, dos años después de lo programado. Cepeda resaltó la contradicción de exigir una licencia ambiental a una obra que busca precisamente mitigar el impacto ambiental en la región del Caribe. «La situación requiere acción urgente y coordinada, especialmente para proteger a las comunidades afectadas por inundaciones», afirmó.El líder gremial subrayó que la COP16 ofrece un espacio oportuno para abordar este proyecto crucial para el Atlántico. “Este foro es ideal para dar celeridad a un proyecto que impacta directamente la sostenibilidad de la región”, agregó Cepeda. Los gremios reiteraron su llamado al Gobierno para agilizar el proceso de licenciamiento y priorizar el bienestar de las comunidades locales. Insistieron en que el Canal del Dique representa una infraestructura vital para la sostenibilidad del Caribe colombiano y debe ser tratado con urgencia en el marco de la COP16.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su preocupación por las quejas de los ciudadanos respecto a los resaltos instalados en La Boquilla para reducir la velocidad de los vehículos. En un comunicado a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Turbay calificó la medida como «antitécnica» y señaló que la implementación de estos reductores ha generado serios inconvenientes tanto para los conductores como para la comunidad. Según el alcalde, los resaltos, que obligan a los vehículos a reducir la velocidad a cero, han provocado congestión vehicular, riesgos de accidentes y, en algunos casos, denuncias de atracos. Además, destacó que el diseño de los resaltos, ubicados a corta distancia entre sí, está provocando vibraciones excesivas, lo que, según los conductores, estaría dañando los sistemas de dirección y suspensión de los vehículos. Turbay aclaró que la instalación de los reductores fue llevada a cabo por la concesión Ruta Costera en diciembre de 2024, con el objetivo de reducir la siniestralidad en la zona, y con la aprobación del Consejo Comunitario de La Boquilla. Sin embargo, el alcalde señaló que el municipio solicitará al concesionario, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT), un estudio de siniestralidad y un análisis técnico que justifique la colocación de este tipo de resaltos. El alcalde también propuso convocar una «mesa de urgencia» con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario de la vía, para coordinar y buscar una solución alternativa que beneficie tanto a los residentes de La Boquilla como a los conductores. Entre las posibles soluciones, Turbay sugirió la implementación de una cámara de fotodetección para regular el tráfico urbano a una velocidad de 30 kilómetros por hora.