El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” está dando pasos hacia adelante, a pesar de algunas críticas y demoras en el proceso de obtención de la licencia ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha confirmado la necesidad de un estudio de impacto ambiental, con el objetivo de asegurar que el plan hidrosedimentológico esté actualizado y sea efectivo para la realidad actual de la región. El proyecto, que representa una inversión superior a 3 billones, incluye la construcción de sistemas de esclusas y compuertas, con el fin de mitigar inundaciones, reducir sedimentos en la bahía de Cartagena y mejorar la navegabilidad del canal. Este esfuerzo beneficiará a las comunidades de Bolívar, Atlántico y Sucre, con la reciente emisión de los términos de referencia por parte de la ANLA, el concesionario avanza en la elaboración de los estudios necesarios para continuar el proceso. Aunque existen preocupaciones sobre posibles retrasos, la Contraloría ha subrayado la importancia estratégica del proyecto y la necesidad de seguir adelante, se espera que este megaproyecto aporte a la recuperación de ecosistemas y al bienestar de las poblaciones ribereñas.

Cinco hombres fueron judicializados por presuntamente haber cometido los delitos de tentativa de extorsión agravada en contra de varios comerciantes de Cartagena. Una fiscal Gaula de la Seccional Bolívar estableció esta medida en contra de Wilfredo Gómez Franco, alias Tata, Roberto Carlos Burgos Moreno, Eduardo Estrada Gamero, Kevin Michel Pérez Medina y Jhon Jesús Martínez Llenera, quienes no aceptaron los cargos que se les fueron imputados. Al parecer, los procesados habrían simulado ser integrantes de grupos delincuenciales, identidad bajo la que habrían solicitado sumas de hasta $1.500.00 y $3.000.000 a empresarios a cambio de no realizar ningún ataque en contra de su integridad. Entre las víctimas, se encuentra una persona de nacionalidad extranjera que maneja un establecimiento público en el barrio Villa Sandra, el propietario de un local en Paseo Bolívar y el dueño de un almacén en La Esperanza. La Policía Nacional habría dado captura a los presuntos delincuentes entre el 30 de julio y el 2 de agosto, cuando se disponían a recibir los dineros exigidos a las víctimas.