Por Julio Macott.

El carretazo de la «Economía Naranja» sorprende por la enorme complacencia de la sociedad hacia los personajes ineptos y superficiales que lo abanderan como si se tratara de una propuesta seria y cuya evidente falta de contenido, no hace mella en esas aspiraciones políticas.

La «Economía Naranja» según el títere de Uribe, se reduce (por su ignorancia e ineptitud, a pesar de ser una de sus pocas proclamas distintivas) a la intermediación mediante plataformas web: organización de servicios de bajísimo valor agregado, abusando de la precariedad laboral.

El caso de Rappi es la mejor muestra de lo que implica esta tosca comprensión de los productos y servicios digitales, el «emprendimiento», el valor agregado y la propia Economía Política: cero aporte real al desarrollo del país, toda la libertad para abusar de los desempleados.

Usar una plataforma web y una app móvil para intermediar en la entrega de bienes de consumo final no aporta nada al desarrollo tecnológico del país, no involucra creatividad o nuevo conocimiento para la solución de problemas estratégicos, ni innovación en productos o servicios.

Si mañana se acabara Rappi de un plumazo, prácticamente no pasaría nada. Las personas subempleadas y abusadas por esa empresa seguirían en el rebusque, muy probablemente también en la repartición de mercados, pero contactados de forma directa o por las tiendas y mini-mercados.

Lo único que hace Rappi es aprovecharse de esos altos niveles de desempleo y de la necesidad asociada al «rebusque» de muchas personas que no tienen otros ingresos y que pueden estar en una situación de vulnerabilidad y precariedad laboral igual dentro o fuera de esa empresa.

El modelo Rappi profundiza aspectos antipopulares y explotadores de las políticas laborales (neo)liberales plasmadas en la Ley 50 de 1990 (cuyo ponente fue Uribe), que «elevan» al trabajador a la categoría de «contratista proveedor de servicios», aunque su actividad sea laboral.

Con la «Economía Naranja» uribista detrás de Rappi, los trabajadores ya ni siquiera son «contratistas» que cobran por sus «servicios», sino usuarios de una «app» que, según eso, se «lucran» de su uso, aunque sea su trabajo no reconocido el que enriquece al dueño de la empresa. Esta forma burda de explotación con soporte tecnológico es lo que el nefasto uribismo (a través de Duque) vende como propuesta de desarrollo económico, cuando en realidad es otro síntoma propio de un país atrasado y postrado económicamente.