El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha presentado una demanda ante el Consejo de Estado contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) en respuesta a la resolución que impone un cobro de valorización para la vía Cartagena-Barranquilla. Esta medida, que afecta a cerca de 240 mil predios en la región, fue ratificada por la ministra de Transporte, María Constanza García, el 16 de julio, y busca financiar el mantenimiento de la infraestructura vial a través de una contribución a los propietarios de inmuebles en la zona.

Turbay argumenta que el cobro es ilegal debido a que infringe el principio de irretroactividad tributaria, dado que el proyecto se estructuró antes de la entrada en vigor de la Ley 2294 de 2023. Además, cuestiona la falta de una actualización adecuada en los avalúos catastrales y la ausencia de un censo inmobiliario detallado, lo que, según él, hace que la contribución sea arbitraria e injusta. La demanda también señala que el método de distribución de la valorización no cumple con los requisitos establecidos por la Ley 1819 de 2016.

El conflicto ha generado una fuerte oposición entre gremios y sectores económicos de la región. Camacol Bolívar, junto con otros actores económicos, ha apoyado la demanda de Turbay, argumentando que los fondos recaudados no se utilizarán para completar la construcción de la doble calzada, sino que serán dirigidos a otras regiones del país. Esta situación ha despertado preocupaciones sobre el impacto económico y social del cobro en la región caribeña.

La resolución de esta demanda podría tener un impacto significativo en la aplicación de tributos y en el manejo de obras públicas en Colombia. La controversia subraya la necesidad de una mayor transparencia y rigor en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura, así como en la aplicación de contribuciones y tributos relacionados.