La decisión establece que los reglamentos de propiedad horizontal no pueden vulnerar los derechos de quienes conviven con animales de compañía
La Corte Constitucional emitió una decisión que marca un precedente para millones de propietarios y residentes de conjuntos residenciales en Colombia. Mediante la Sentencia T-199 de 2026, el alto tribunal determinó que las administraciones de propiedad horizontal no pueden prohibir el tránsito de mascotas por las zonas comunes ni exigir autorizaciones especiales para que sus dueños utilicen espacios como ascensores, pasillos o áreas compartidas.
El fallo surgió tras estudiar la acción de tutela presentada por una mujer residente en un conjunto de Cajicá (Cundinamarca), quien denunció que la administración le impedía utilizar el ascensor con sus perros y la obligaba a desplazarse por las escaleras, pese a que tanto ella como uno de sus animales presentaban condiciones médicas que hacían riesgoso ese recorrido.
Para la Corte, este tipo de restricciones vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad personal y familiar, además de desconocer el mandato constitucional de protección animal.
La Corte ordenó modificar las restricciones impuestas por el conjunto
En el caso concreto, la administración del conjunto había concedido a la residente un permiso excepcional para utilizar el ascensor con su mascota, pero dicho beneficio dependía de autorizaciones permanentes y podía ser revocado en cualquier momento.
La Corte concluyó que ese esquema resultaba incompatible con la Constitución porque convertía un derecho reconocido por la ley en una actividad sometida a la discrecionalidad de la administración.
Por ello, ordenó permitir el uso del ascensor sin necesidad de permisos previos, dejar sin efectos las disposiciones del manual de convivencia que imponían esa restricción y abstenerse de exigir nuevas autorizaciones para el tránsito de animales de compañía por las zonas comunes.
Los conjuntos sí podrán fijar reglas, pero no prohibiciones absolutas
Aunque el fallo fortalece los derechos de quienes tienen mascotas, la Corte aclaró que la decisión no elimina las normas de convivencia dentro de la propiedad horizontal.
Las administraciones continúan facultadas para establecer reglas razonables relacionadas con la seguridad, la higiene y la convivencia, siempre que estas no se traduzcan en prohibiciones generales ni hagan imposible la tenencia de animales de compañía.
Esto significa que los conjuntos podrán exigir, por ejemplo, que los perros transiten con traílla y, cuando la ley lo requiera, con bozal; que los propietarios recojan los desechos de sus mascotas y respondan por los daños que puedan ocasionar. Lo que no podrán hacer es impedir de manera absoluta el tránsito por las zonas comunes o condicionar ese derecho a permisos discrecionales.
La decisión se apoya en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Uno de los principales argumentos de la Corte fue que la legislación colombiana ya contempla esta protección.
El artículo 117 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece expresamente que no podrá prohibirse el tránsito ni la permanencia de animales domésticos o mascotas en las zonas comunes de las propiedades horizontales o conjuntos residenciales. Además, dispone que los administradores deben abstenerse de aplicar normas de los manuales de convivencia que contradigan esa disposición y promover su actualización.
Para el alto tribunal, algunos reglamentos internos habían excedido esos límites al imponer restricciones incompatibles con la ley y con los derechos fundamentales de los residentes.
Un precedente para futuros conflictos en propiedad horizontal
La decisión también fija un criterio que servirá de guía para casos similares en todo el país.
La Corte recordó que el vínculo entre las personas y sus animales de compañía tiene relevancia constitucional y que cualquier regulación sobre mascotas debe buscar un equilibrio entre la convivencia pacífica y el respeto por los derechos de todos los residentes.
Esto implica que, aunque existan diferencias entre vecinos por ruido, higiene o seguridad, las soluciones deberán ser proporcionales y no podrán traducirse en prohibiciones generales que hagan inviable la tenencia responsable de mascotas.
¿Qué cambia para quienes viven en conjuntos residenciales?
Con esta sentencia, los propietarios y residentes que conviven con animales de compañía cuentan con un respaldo jurídico más claro frente a restricciones que excedan los límites legales.
Las administraciones deberán revisar sus manuales de convivencia para verificar que sus disposiciones estén acordes con la Constitución y con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Al mismo tiempo, la Corte reiteró que la protección de los derechos de quienes tienen mascotas también implica responsabilidades. Los propietarios deberán garantizar que sus animales no afecten la tranquilidad, la seguridad o la salubridad de los demás residentes, actuando siempre bajo criterios de tenencia responsable.
Con esta decisión, el alto tribunal busca fortalecer la convivencia en las propiedades horizontales, recordando que el respeto por los derechos fundamentales y la protección de los animales deben armonizarse con las reglas necesarias para preservar la tranquilidad de toda la comunidad.
