Durante las festividades de independencia en #Cartagena, Pacaribe recolectó 84.5 #toneladas de residuos en los principales puntos de celebración. Los esfuerzos se centraron en eventos icónicos como el desfile de Independencia del 11 de noviembre, el desfile Náutico, el Cabildo de Getsemaní, Salsa a la Plaza y el Desfile de la Independencia y las Diversidades, garantizando así espacios limpios para el disfrute de miles de asistentes. #Pacaribe implementó un operativo especial que incluyó la movilización de equipos y personal altamente capacitado. Las jornadas de limpieza iniciaron desde tempranas horas y se extendieron hasta la madrugada, con labores intensivas de barrido y recolección que permitieron mantener en óptimas condiciones las vías, plazas y zonas de evento. El aporte de Pacaribe fue clave para preservar la calidad de los espacios públicos durante uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. Con este operativo, Pacaribe cumplió su misión de promover una Cartagena más limpia, ambientalmente amigable y apoyando la preservación de la cultura local y contribuyendo al bienestar de los cartageneros y sus visitantes.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.