El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que el próximo 30 de noviembre firmará un decreto para establecer las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una medida con la que su Gobierno busca precisar cartográficamente los espacios marítimos colombianos y reafirmar la soberanía nacional en el Caribe.
El anuncio se produjo durante la alocución presidencial de este domingo 18 de octubre, transmitida desde un buque de la Armada Nacional en aguas del archipiélago. Allí, el mandatario aseguró que Colombia defenderá sus derechos marítimos y mantendrá la presencia institucional en esta zona estratégica.
“Colombia no cede una milla náutica”, afirmó el jefe de Estado, al advertir que la defensa de la soberanía debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, las leyes y el derecho internacional.
De la Espriella envía un mensaje de soberanía desde San Andrés
Durante su intervención, el presidente destacó la importancia del territorio marítimo colombiano y cuestionó la falta de atención histórica que, a su juicio, ha recibido el mar en las decisiones nacionales.
El mandatario afirmó que Colombia debe reconocer su condición de nación marítima y fortalecer su presencia en las costas y territorios insulares.
Desde el buque de la Armada, aseguró que el archipiélago ocupará un lugar prioritario dentro de la política marítima de su administración.
De la Espriella insistió en que la soberanía no debe limitarse a declaraciones políticas, sino reflejarse en decisiones institucionales, presencia estatal y acciones concretas de protección territorial.
El 30 de noviembre se firmará el decreto de líneas de base
El anuncio más importante de la alocución fue la fecha establecida para la firma del decreto de líneas de base del archipiélago.
El presidente confirmó que el documento será expedido el 30 de noviembre de 2026, fecha escogida por su significado histórico para San Andrés.
Según explicó, el Gobierno adelantará los trabajos necesarios para medir, cartografiar y publicar oficialmente las líneas de base en las cartas náuticas de Colombia.
Estas líneas constituyen una referencia fundamental para medir determinados espacios marítimos reconocidos por el derecho internacional.
Su establecimiento exige procedimientos técnicos y jurídicos que permitan identificar los puntos geográficos correspondientes.
El mandatario presentó la decisión como el cumplimiento de una tarea pendiente desde hace varias décadas.
Una decisión que, según el presidente, estaba pendiente desde 1978
Durante su discurso, De la Espriella recordó que la Ley 10 de 1978 contempló disposiciones relacionadas con la delimitación de los espacios marítimos colombianos.
El jefe de Estado sostuvo que, aunque en 1984 se avanzó en el trazado de las líneas de base del territorio continental, el archipiélago quedó pendiente.
Por esta razón, calificó el nuevo decreto como una decisión destinada a saldar una deuda histórica.
El Gobierno espera que el instrumento permita fortalecer la precisión de la cartografía marítima oficial.
Sin embargo, la expedición de un decreto nacional no modifica por sí sola las fronteras internacionales ni sustituye los procedimientos previstos en el derecho internacional para resolver controversias de delimitación.
¿Qué son las líneas de base marítimas y por qué son importantes?
Las líneas de base son referencias jurídicas y geográficas utilizadas para medir la extensión de determinados espacios marítimos de un Estado.
A partir de ellas se calcula, entre otros espacios, el mar territorial, cuya anchura máxima generalmente reconocida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es de 12 millas náuticas.
También cumplen una función relevante en la medición de la zona contigua y en la determinación de otros espacios marítimos, de acuerdo con las normas aplicables.
En términos prácticos, permiten establecer puntos de referencia oficiales para la cartografía y el ejercicio de competencias estatales en el mar.
No obstante, las líneas de base no deben confundirse con una delimitación internacional acordada entre países.
Cuando existen costas enfrentadas, superpuestas o controversias marítimas, la determinación de fronteras debe considerar los tratados, las decisiones judiciales aplicables y las reglas del derecho internacional.
“Ni un metro más, ni un metro menos”: la advertencia presidencial
De la Espriella insistió en que la posición de Colombia debe mantenerse dentro del marco jurídico.
El mandatario aseguró que la Armada Nacional está preparada para ejercer sus funciones conforme a la Constitución y las leyes.
Con este mensaje buscó combinar una posición firme de defensa territorial con el reconocimiento de los límites del Estado de derecho.
El presidente también señaló que quienes deseen discutir asuntos relacionados con el futuro de los espacios marítimos encontrarán disposición al diálogo.
Sin embargo, advirtió que las infracciones a la ley en aguas bajo jurisdicción colombiana recibirán la respuesta de las autoridades competentes.
La Armada Nacional tendrá un papel fundamental
La alocución presidencial tuvo como escenario un buque de la Armada Nacional, una elección que reforzó el mensaje sobre la defensa de los espacios marítimos.
Esta institución cumple funciones relacionadas con la protección de la soberanía, la seguridad marítima y el control de actividades ilegales en las áreas de su competencia.
Su presencia resulta especialmente importante en el archipiélago por la ubicación geográfica de las islas y la extensión de los espacios marítimos que requieren vigilancia.
El presidente aseguró que la Armada actuará bajo el marco constitucional y legal.
La declaración también busca transmitir un mensaje de respaldo institucional a los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
San Andrés tendrá prioridad en la política marítima del Gobierno
De la Espriella anunció que el archipiélago ocupará un lugar central dentro de la estrategia marítima nacional.
El mandatario sostuvo que las islas no deben ser consideradas únicamente como destinos turísticos, sino como territorios estratégicos para el país.
Su ubicación en el Caribe occidental representa una ventaja geográfica importante para las actividades marítimas, la conectividad y la protección de los recursos naturales.
El Gobierno plantea fortalecer la presencia de instituciones y desarrollar actividades que permitan aprovechar esa posición.
Sin embargo, durante la intervención no se detalló un presupuesto específico ni un cronograma completo de inversiones asociado a esta política.
Los pescadores del archipiélago, protagonistas del mensaje
Uno de los sectores mencionados por el presidente fue el de los pescadores.
De la Espriella afirmó que su administración no abandonará a las comunidades que dependen del mar para su sustento.
La pesca artesanal representa una actividad económica y cultural importante para numerosos habitantes del archipiélago.
Las discusiones sobre los espacios marítimos tienen consecuencias directas para estas comunidades, especialmente por el acceso a zonas tradicionales de pesca y las condiciones de seguridad para desarrollar su trabajo.
El mandatario vinculó la defensa de la soberanía con la protección de los derechos e intereses de los pescadores.
Sin embargo, todavía no se anunciaron medidas específicas de apoyo económico o programas nuevos dirigidos a este sector.
El artículo 101 de la Constitución, entre los argumentos del presidente
Durante su intervención, el jefe de Estado mencionó el artículo 101 de la Constitución Política de Colombia.
Esta disposición establece aspectos fundamentales relacionados con los límites del territorio nacional y reconoce la integración territorial de Colombia, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El mandatario también hizo referencia al Tratado de 1928 y a decisiones de la Corte Internacional de Justicia.
Estos instrumentos forman parte del contexto jurídico e histórico de las relaciones entre Colombia y Nicaragua.
No obstante, sus alcances son distintos y deben interpretarse conforme a sus disposiciones y a las decisiones internacionales correspondientes.
La soberanía sobre las islas y la delimitación de los espacios marítimos son cuestiones jurídicamente relacionadas, pero no idénticas.
La controversia marítima con Nicaragua sigue siendo un antecedente clave
El archipiélago ha ocupado durante décadas un lugar central en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua.
La Corte Internacional de Justicia ha emitido decisiones relevantes sobre la soberanía territorial y la delimitación marítima entre ambos países.
En 2012, el tribunal reafirmó la soberanía colombiana sobre determinadas formaciones insulares y estableció una delimitación marítima que modificó la distribución de espacios previamente considerados bajo jurisdicción colombiana.
Posteriormente, la Corte se pronunció sobre otras controversias relacionadas con derechos y obligaciones de ambos Estados.
Este contexto explica la sensibilidad política y jurídica de cualquier anuncio sobre la medición de espacios marítimos en el Caribe occidental.
La expedición de líneas de base deberá examinarse a la luz de esas decisiones y de las obligaciones internacionales aplicables.
¿El decreto permitirá recuperar espacios marítimos?
El anuncio presidencial no significa automáticamente que Colombia recupere espacios marítimos delimitados mediante decisiones internacionales.
Las líneas de base cumplen una función de medición y representación cartográfica.
Su establecimiento puede contribuir a precisar la posición oficial del Estado sobre determinados espacios, pero no altera unilateralmente las fronteras internacionales válidamente establecidas.
Por ello, el alcance jurídico del decreto dependerá de su contenido, de los criterios técnicos utilizados y de su compatibilidad con el derecho internacional.
El Gobierno ha presentado la medida como un ejercicio de soberanía y precisión cartográfica.
Será necesario conocer el texto definitivo para evaluar sus consecuencias concretas.
El Caribe colombiano, en el centro de la agenda nacional
La decisión anunciada desde San Andrés también tiene importancia para el conjunto del Caribe colombiano.
La región concentra puertos, actividades pesqueras, rutas comerciales, ecosistemas marinos y territorios estratégicos para la seguridad nacional.
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y el archipiélago forman parte de un espacio geográfico cuya importancia trasciende el turismo.
La política marítima tiene efectos sobre el comercio, la protección ambiental, la investigación científica y las actividades económicas vinculadas al mar.
Por ello, el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el Caribe representa un asunto de interés nacional.
El anuncio del presidente sitúa nuevamente estos temas en el debate público.
¿Qué ocurrirá antes del 30 de noviembre?
El Gobierno deberá adelantar las labores técnicas y jurídicas necesarias para preparar el decreto anunciado.
Estas actividades incluyen la definición de las referencias geográficas correspondientes y su incorporación a la cartografía náutica oficial.
La publicación del instrumento permitirá conocer con mayor precisión los puntos establecidos y la metodología utilizada.
También hará posible examinar su alcance frente a las disposiciones del derecho marítimo internacional.
Por ahora, el presidente ha anunciado la fecha de expedición, pero el contenido definitivo del decreto todavía no se conoce.
Colombia reafirma su posición sobre San Andrés y Providencia
La alocución presidencial del 18 de octubre dejó un mensaje centrado en la defensa de los espacios marítimos y en la importancia estratégica del archipiélago.
Desde un buque de la Armada Nacional, Abelardo de la Espriella anunció que el 30 de noviembre firmará el decreto de líneas de base de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
También reafirmó su intención de fortalecer la presencia institucional, proteger a los pescadores y ejercer las competencias marítimas de Colombia dentro del marco legal.
El anuncio abre una nueva etapa de atención sobre la política marítima nacional, cuyo alcance concreto dependerá del contenido del decreto y de su aplicación conforme al derecho internacional.
Mientras llega la fecha anunciada, San Andrés vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre soberanía, territorio y el futuro del Caribe colombiano.
