Sigue la conmoción por el asesinato de Salomé Manyoma, una niña de tan solo cinco años de edad que fue lanzada desde un tercer piso por su papá. Todo ocurrió en un conjunto residencial del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en la noche del pasado lunes 18 de noviembre. Tras cometer el crimen, el sujeto fue linchado por la comunidad y poco después murió en un centro médico. Varios días después de lo ocurrido y tras el anuncio de la Policía de iniciar una investigación contra los implicados en la muerte del sujeto, ya que se trata de un homicidio, una de las vecinas habló y dejó en claro que no se arrepienten de lo que pasó y que fue una reacción normal por lo que hizo el papá de la menor de edad. “Nos tienen que meter a todo el barrio preso porque todos estamos enfurecidos. Nunca nos vamos a arrepentir de que lo hayamos golpeado porque fue la única forma de sentir paz en nuestros corazones. Acá en Colombia no se está haciendo justicia con la niñez ni con la mujer”, comentó una ciudadana identificada como Paola al canal en YouTube La Red Viral. La mujer aseguró que todo el barrio está todavía con mucho miedo por todo lo que pasó y reveló que muchos niños presenciaron la escena. De hecho, comentó que los menores cogieron palos y también golpearon al señalado asesino.  Hasta el momento son muy pocos los detalles que se conocen acerca de por qué el hombre tomó la decisión de lanzar a la pequeña desde la gran altura, pero las pesquisas indican que minutos antes habían tenido una fuerte discusión con su esposa y, supuestamente, esto lo llevó a cometer el atroz crimen.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) emitió la Resolución No. 0000188 de 2023 y, posteriormente, la Resolución No. 000085 de 2024, mediante las cuales modificó y complementó la licencia ambiental otorgada a la Sociedad Fotovoltaico Yarumo S.A.S. para el desarrollo del proyecto «Parque Fotovoltaico Baranoa I 19,9 MW y línea de tensión de 110 kV» en el municipio de Baranoa, Atlántico. La Resolución 0000188 de 2023 modificó varios aspectos relevantes de la licencia original. En primer lugar, suprimió la prohibición que impedía realizar actividades de aprovechamiento forestal y remoción de coberturas vegetales, aunque mantuvo restricciones para algunas intervenciones de infraestructura sobre cuerpos de agua, como la ocupación de cauces en zonas específicas. Adicionalmente, autorizó el aprovechamiento forestal que implicaba la tala de 1.722 árboles, con un volumen total de 491,3 metros cúbicos, pertenecientes a diversas especies y coberturas de la tierra, en un área de 49,91 hectáreas. El acto administrativo también estableció condiciones estrictas para la ejecución de estas actividades, incluyendo la implementación de medidas de manejo ambiental, la prohibición de intervenir zonas no autorizadas y la obligación de ajustar el plan de compensación forestal en un plazo máximo de 90 días. Igualmente, fijó el pago por concepto de seguimiento ambiental en la suma de $13.222.464,58, así como las obligaciones de actualización anual conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la disposición adecuada de residuos generados. Posteriormente, mediante la Resolución 000085 de 2024, la C.R.A. autorizó un nuevo aprovechamiento forestal complementario para el mismo proyecto, consistente en la tala de 19 individuos arbóreos ubicados en la zona de servidumbre de la línea de transmisión eléctrica de 110 kV. Esta intervención corresponde a especies como guayacán, trupillo, dividivi, carito, matarratón, campano, entre otras, con un volumen total de 8,86 metros cúbicos. Esta nueva autorización también quedó sujeta a estrictos condicionamientos, entre ellos la implementación de medidas de manejo ambiental previamente a la tala, la disposición adecuada de residuos vegetales, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Aprovechamiento Forestal Único, y la presentación de los respectivos informes de cumplimiento ambiental (ICA) ante la C.R.A. El aprovechamiento otorgado en 2024 estará vigente por el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo. El valor por concepto de seguimiento ambiental correspondiente a esta nueva intervención se fijó en $1.319.510,52, con instrucciones específicas sobre los plazos y modalidades de pago. De esta manera, la C.R.A. continúa ejerciendo el control y seguimiento al desarrollo del proyecto fotovoltaico, garantizando que las actividades de aprovechamiento forestal y de infraestructura se realicen bajo parámetros técnicos y ambientales que mitiguen los impactos sobre el ecosistema local, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 📄 Descargue o consulte las resoluciones completas aquí:

Diomedes de Jesús Díaz Noriega, un hombre de 37 años, fue enviado a prisión preventiva en Cartagena por su presunta implicación en la adulteración de bebidas alcohólicas. Las autoridades descubrieron una vivienda en el barrio La Quinta, en Cartagena, donde al parecer, se fabricaba y comercializaba licor adulterado, poniendo en riesgo la salud pública. La Fiscalía General de la Nación le imputó a Díaz Noriega varios delitos, entre ellos corrupción de alimentos, imitación o simulación de productos y usurpación de derechos de propiedad industrial. A pesar de las pruebas presentadas, el acusado no aceptó los cargos. La defensa argumentó que no hubo participación directa de su cliente en los hechos, pero el proceso legal continuó con base en el material probatorio. En la vivienda donde se encontraron más de 125 botellas de licor, 210 bolsas con sellos de un whisky escocés, 560 estampillas de licor del departamento de Bolivar y 240 anillos de seguridad, entre otros elementos. Estos hallazgos fueron fundamentales para que un juez de Control de Garantías decidiera imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario. El ahora procesado cumplirá su reclusión en la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena. Este caso pone de manifiesto la gravedad de las actividades de adulteración de productos de consumo humano y la respuesta legal contundente para proteger a la población.