El próximo martes 19 de noviembre, 100 tenderos de Cartagena darán inicio al programa ‘Mi Tienda 2.0’, impulsado por la Secretaría de Hacienda Distrital y Fenalco Bolívar, misma iniciativa busca fortalecer el comercio local mediante asesorías y capacitaciones específicas. El programa proporcionará a los tenderos herramientas clave, desde técnicas de marketing y ventas, incluyendo estrategias de Marketing digital hasta formación en finanzas y acceso a plataformas de comercio electrónico, donde se el objetivo es que estos pequeños comerciantes se adapten a un entorno cada vez más digital y competitivo. En ese sentido, María Camila Salas, secretaria de Hacienda expresó: «Con ‘Mi Tienda 2.0’, buscamos dar a los comerciantes las herramientas necesarias para crecer y ofrecer un mejor servicio». Siendo así, se espera que ‘Mi Tienda 2.0’ se convierta en un modelo de crecimiento para el sector, puesto que con este programa, los tenderos podrán mejorar la calidad de sus servicios, impactando positivamente a sus comunidades.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.

En medio de una Cartagena marcada por la división social a finales del siglo XIX, surgieron tres barrios que albergaron a la clase trabajadora: Boquetillo, Pekín y Pueblo Nuevo, sectores que nacieron de la necesidad de quienes con escasos recursos, construyeron sus hogares junto a las murallas del centro histórico. El inicio: Barrios olvidados desde el principio Siendo así, entre 1885 y 1939, Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo se asentaron en terrenos fuera de las murallas, en la franja que hoy ocupa la Avenida Santander, sin embargo a pesar de ser barrios distintos eran similares, en este sentido:  las viviendas eran humildes, algunas de madera, barro y bahereque, otras de bloques de cemento con techos de zinc o de palma. El desarrollo: Comunidades trabajadoras y resilientes Eso en cuanto a las viviendas, pero hablando de los habitantes de los barrios “extra muros” eran trabajadores de oficios humildes, como pescadores, zapateros, albañiles y lavanderas, pero como todo buen cartagenero, a pesar de la situación vulnerable que vivían fueron comunidades vibrantes, pues celebraban festividades como los carnavales en Pekín, donde la comunidad se reunía para disfrutar al son de la música.  El final: Desalojo y desaparición Pero, no fue hasta en 1936, donde llegó el final de estos caseríos, cuando el alcalde Daniel Lemaitre Tono, en coordinación con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, lideró el desalojo de sus habitantes, que posteriormente fueron trasladadas a Canapote, una zona que carecía de salubridad y plagada de mosquitos, lo que provocó una grave epidemia de malaria que cobró numerosas vidas. Fuente: Blogs El Universal.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hizo una advertencia sobre el impacto que podría generar un aumento en los precios del gas y diésel en el país. Un caso que fue abordado por el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, el cual en un evento en la Contraloría afirmó que el aumento del diésel sería inevitable, gracias a que no se realizaron los acuerdos con los transportadores. «Hay una inflación imaginaria que solo se puede resolver con el mundo real y el mundo real es que tendremos que ajustar el precio del diésel. Y será la próxima medida que tiene que tomar impopular este gobierno, y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo». Se dio a saber que esta propuesta del Gobierno Nacional es aplicar un aumento en el precio del diésel. Esta primera subida se haría en 2024, seguida en el 2025 con un nuevo ajuste que se vaya dando. El incremento sería de $6000, distribuidos en dos etapas en las que van de $3000 este año y otros $3000 el siguiente año, aunque falta que oficialmente se dé el decreto. Cabe aclarar que la tarifa de diésel actual ha permanecido sin ningún tipo de cambios durante un periodo de cuatro años, desde el momento que decidieron subsidiarlo en la pandemia que se presentó por el covid-19. Mientras que por ahora la vivida la situación inflacionaria que se enfrenta todo el país. Los encargados aseguran que esta medida de acción es inevitable.