Por: Manuel Raad Berrío
Hoy he tenido el honor de instalar, como Vicedecano Nacional del Colegio de la Abogacía Colombiana, el Primer Congreso Andino de la Abogacía. En la bella ciudad de Cali, se han reunido colegios de abogados y universidades de todos los países de la Comunidad Andina de Naciones -hoy reducida a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 4 países, que junto a Chile en 1969 suscribieron el Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena (mi casa natal). Chile se retiró pocos años después, en 1976, estando bajo el mando de Pinochet acusando a la CAN de “… Pacto comunista” y en un gesto irónico de la historia Venezuela se retiró en 2006 con el dedo acusador de Chávez señalando a la CAN de servir “… a las élites, a las trasnacionales, pero no le sirve a los indios, a los negros, a los blancos o a los pobres”.
Lejos de esas dos visiones, apostar por la reintegración no debe entenderse como una bandera ideológica pues es un imperativo estratégico, y por eso este Congreso es mucho más que un evento académico: representa la confirmación de una verdad incómoda que debemos enfrentar como profesión y como región.
Mientras el mundo se integra a velocidad vertiginosa —impulsado por la tecnología y la movilidad humana—, los abogados seguimos encerrados en el ejercicio parroquial del derecho. Litigamos, asesoramos y legislamos como si las fronteras trazadas hace dos siglos fueran murallas infranqueables, cuando la realidad cotidiana las desmiente cada día.
Los sueños integracionistas de Bolívar, Morazán y San Martín no podrán materializarse sin la internacionalización de los derechos y, por tanto, sin la internacionalización de la abogacía. Suena grandilocuente, pero es profundamente práctico: ¿cómo construir una región integrada si nuestros sistemas judiciales siguen siendo mutuamente incomprensibles? ¿Cómo hablar de libre circulación cuando un título universitario no se reconoce al cruzar una frontera andina?
Nuestros Estados nacionales se pretendieron justificar en una mentira institucionalizada muchos años por la academia: que las fronteras políticas corresponderían a fronteras culturales, que dentro de ellas habitaría una «nación» homogénea unida por historia, religión y costumbres comunes. Pero esa ficción se desmorona ante la figura del migrante, ese personaje incómodo para los nacionalismos que nos recuerda una verdad más antigua: la humanidad es más grande que las naciones.
Yo soy hijo de migrantes sirio-libaneses por línea paterna fundida con también migrantes cuyo camino descubro en cada pueblo que visito: tengo lazos de sangre dispersos por Colombia entera: desde la Guajira hasta el eje cafetero, pasando por los Santanderes y todo el Caribe. Viajando con los clubes de leones descubrí que en la Universidad de Córdoba existe un aula bautizada “Miguel Raad” —como mi padre—, en honor a un primo de mi abuelo que nunca conocí, pero cuyos nietos resultan ser también mis primos y a los que apenas este año tuve la alegría de conocer. Pero más allá de la sangre, he encontrado hermanos en todos los países que he visitado. En momentos difíciles he sido socorrido por «extraños» que dejaron de serlo en el instante de la solidaridad, y muchas veces a cada uno de nosotros le toca el honor de ser ese “buen samaritano”.
Hace apenas una semana, en Buenos Aires, el Uber que me llevaba resultó ser un venezolano que había vivido dos años en Cartagena. Parte de su familia aún reside allí, y el pago del viaje lo hicimos a la cuenta Nequi de su madre en Colombia. Estas anécdotas triviales contienen una verdad profunda: vivimos hace mucho en una gran aldea multinacional, con relaciones globales, donde todos somos una suerte de migrantes en el gran continente invisible que habilitó la tecnología, y que en contraste con la masiva globalización de las personas, nuestras instituciones —incluidos nuestros tribunales y facultades de derecho— siguen operando mayoritariamente como si estuviéramos en 1850.
La diáspora colombiana ha recorrido el camino que hoy transitan las familias venezolanas. Millones de latinoamericanos cruzan fronteras buscando mejores horizontes, llevando consigo conflictos legales que no se resuelven con los estrechos marcos nacionales: contratos que involucran múltiples jurisdicciones, familias binacionales, patrimonios dispersos, delitos transnacionales, violaciones de derechos humanos que ningún Estado quiere reconocer como propias.
¿Y qué hacemos los abogados? Seguimos atrapados en la mezquina esquina de nuestras jurisdicciones nacionales, defendiendo feudos académicos y profesionales que solo sirven para perpetuar la desintegración.
En este contexto, el Congreso Andino de la Abogacía alza una bandera más grande que sí mismo: la reintegración como práctica cotidiana. No se trata de declaraciones grandilocuentes sino de acciones concretas: integrar nuestros sistemas judiciales, reconocer mutuamente los currículums universitarios, hermanar nuestros colegios profesionales, crear estándares comunes para el ejercicio profesional. En estos temas hay por supuesto un gran reto legislativo, pero más grande y cotidiano es el reto cultural por la reintegración.
La tecnología nos ofrece herramientas más poderosas que cualquier tratado: plataformas que permiten colaboración instantánea en investigación, bases de datos compartidas de normas, doctrina y jurisprudencia, formación y evaluación conjunta desarrollada y certificada por nuestras universidades integradas a la Universidad Andina. Tenemos nuestra “Arca de Noé”, y sólo nos falta la voluntad de abordarla.
La lucha por los derechos no reconoce fronteras, como no las reconoce la naturaleza ni las reconocen los afectos humanos. Es hora de que la abogacía andina esté a la altura de su tiempo. No por romanticismo nostálgico de los padres de la patria, sino por necesidad práctica: porque nuestros ciudadanos ya viven en un mundo sin fronteras y merecen abogados que habiten ese mismo mundo. Las murallas imaginarias están cayendo. La pregunta es si los abogados las derribaremos junto con nuestros pueblos o si seremos los últimos en enterarnos de que ya no existen.
